El abogado Gustavo Montemartini, representante legal de la Asociación Médica de la República Argentina (AMRA), presentó una serie de reparos a la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nicolás. En tal sentido, la entidad gremial solicitó una audiencia urgente a la Cámara de Senadores de la provincia para exponer sus observaciones y aportar una mirada técnica y gremial antes del tratamiento definitivo del proyecto legislativo.
Según explicó el letrado, la postura del gremio no implica una oposición al acceso a la información ni a los derechos de los pacientes. Al respecto, recordó que la Ley Nicolás busca complementar las disposiciones de la Ley de Derechos del Paciente e Historia Clínica. "El derecho a la información del paciente es algo positivo; en su momento estuvimos invitados al Congreso de la Nación y expusimos en ese sentido", señaló.
Sin embargo, desde AMRA cuestionan el desvío que tomó la iniciativa en su tratamiento legislativo. Montemartini indicó que la entidad realizó este planteo a nivel nacional e intentó canalizar las observaciones a través de la Cámara de Diputados de Santa Fe a través de la diputada Sonia Martorano, aunque no obtuvo la respuesta esperada previo al avance del texto hacia la Cámara Alta.
Con el fin de esclarecer la posición del sector y evitar confrontaciones con la sociedad, el representante técnico detalló que los reparos gremiales se estructuran sobre dos ejes centrales: la técnica jurídica y la realidad operacional de la salud pública y privada.
Respecto al eje de técnica jurídica, la objeción principal radica en la conceptualización del denominado "evento centinela", definido en la norma como un suceso imprevisto fuera del curso esperable de la práctica médica que causa la muerte o un daño permanente o temporal.
De acuerdo con el análisis de AMRA, la Ley Nicolás crea un registro de estos eventos, cuya confección queda bajo la responsabilidad de las direcciones hospitalarias o sanatoriales. "El problema es que se registra al médico sin evaluarse concretamente si su accionar se adecuó a la lex artis, es decir, se lo incluye en un registro público sin que medie una sentencia firme o una condena, ya sea en el ámbito civil o penal", advirtió Montemartini.
Desde el sindicato sostienen que este mecanismo fomenta la criminalización de la labor médica, al endilgar una responsabilidad profesional sin un juicio previo ni el debido proceso. "Nadie se opone al registro ni al acceso a la información. Pero si se va a registrar un acto de este calibre, es indispensable que el profesional haya contado con la posibilidad de defenderse, a través de una junta médica o un proceso judicial. De lo contrario, profesionales que ejercen en especialidades de alto riesgo, como neurocirugía o traumatología, pasarán a integrar listas que prejuzgan su accionar", argumentó el abogado.
El segundo eje de preocupación se enfoca en la realidad del sistema de salud santafesino. La ley nacional, a la que la provincia pretende adherir, equipara a los prestadores públicos y privados como "proveedores de salud" y los obliga a implementar planes de auditoría, programas de autoevaluación y esquemas de dotación de personal para garantizar la cobertura del servicio y la rotación de turnos.
Según expuso Montemartini tras recorrer efectores del interior provincial, como el Hospital Central de Reconquista o el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, estas exigencias resultan inaplicables en el contexto actual debido a la escasez de profesionales. "En Reconquista nos mostraron equipamiento de última tecnología que no se puede utilizar por falta de médicos. Hay profesionales que no pueden tomarse vacaciones ni rotar turnos porque no se puede dejar a la población sin atención", graficó.
Ante la imposibilidad de abordar este debate en el marco de las paritarias del sector —regidas por la Ley 13.042 y circunscritas exclusivamente a convenciones colectivas de trabajo—, AMRA elevó un pedido formal a la Comisión de Salud del Senado santafesino para conformar una mesa de consenso antes de la votación definitiva.
"Buscamos aportar una solución técnica para que el acceso a la información pública conviva de forma armónica con el derecho de defensa y las garantías constitucionales de los trabajadores de la salud", concluyó Montemartini.