El Tribunal Oral Federal fijó para el próximo 12 de agosto el inicio del juicio contra un productor frutillero de Arroyo Leyes acusado de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. La fiscal coadyuvante Milagros Traverso adelantó que solicitará una condena de ocho años de prisión al considerar acreditado que 20 trabajadores fueron sometidos a condiciones de vida y trabajo inhumanas en un campo de frutillas.
Mientras la acusación sostiene que las víctimas fueron captadas en Chaco, trasladadas bajo falsas promesas laborales y explotadas en un contexto de extrema vulnerabilidad, la defensa rechaza esa calificación y afirma que en el debate oral quedará demostrado que no existió el delito de trata.
En diálogo con el móvil de LT10, el abogado Claudio Torres del Sel confirmó que su defendido llegará al juicio en libertad y recordó que esa situación fue resuelta por la Cámara Federal de Rosario. "La Cámara Federal de Rosario consideró que la acusación era débil, que no había inclusive elementos para sostenerla cuando se otorgó la libertad", afirmó.
El defensor explicó que durante la audiencia preliminar solicitó el sobreseimiento del productor, aunque el planteo fue rechazado y la causa avanzó hacia el debate oral. "La fiscalía está pidiendo una pena de 8 años. Nosotros consideramos... tenemos fe en que nuestro defendido va a ser absuelto porque ninguno de los elementos que son típicos de la figura que le endilga la representante fiscal se dan en este caso", sostuvo.
Torres del Sel insistió en que la investigación no logró acreditar los elementos propios del delito de trata laboral: "Tiene que existir el secuestro de los documentos de las personas que trabajan, no ocurrió; la prohibición de entrada o salida libre del establecimiento donde se encuentran trabajando, todos dicen que ellos entraban y salían cuando querían". Incluso agregó que "no hay ningún elemento" que permita sostener la acusación y calificó el proceso como "un caso raro en el que se provoque el desgaste jurisdiccional que se va a provocar con este juicio".
El abogado reconoció, sin embargo, que existían irregularidades en el establecimiento rural, aunque diferenció esas situaciones del delito que se juzgará. "Sí hubo fallas administrativas de parte de él, sí hubo precariedad en los lugares que habitaban, eso no se discute, está fuera de discusión, lo aceptamos, pero todo eso está siendo corregido", expresó.
Respecto de la situación personal del acusado, señaló que retomó su actividad luego de recuperar la libertad y cuestionó el tratamiento que recibió durante la investigación. "Es un muchacho joven que ha trabajado toda su vida, proviene de una familia de trabajo. Esto es algo realmente insólito", afirmó. Además, anticipó que, en caso de una absolución, buscarán una reparación judicial: "Esperamos tener un resarcimiento el día de mañana porque llegaremos hasta las últimas consecuencias".
Finalmente, el defensor también hizo referencia al impacto público que tuvo la causa, aunque relativizó el efecto en el entorno del acusado. "La gente que conoce a esta familia sabe perfectamente bien a qué se dedican, a qué se han dedicado toda la vida y cómo son", sostuvo, y concluyó: "Lo que vamos a buscar es justicia realmente a través de este debate y que se haga justicia"