La denuncia sobre la presunta existencia de más de un centenar de radares que funcionarían de manera irregular en rutas nacionales de Santa Fe abrió un nuevo foco de debate sobre los controles de velocidad y la validez de las multas labradas a los conductores.
Frente a esa situación, la diputada provincial Silvia Malfesi presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Santa Fe detalle el estado de esos dispositivos y explique si cumplen con los requisitos exigidos por la normativa nacional. En una entrevista con LT10, la legisladora aclaró que el planteo no busca cuestionar los controles de tránsito, sino garantizar que se realicen dentro del marco legal.
"Nosotros, por supuesto, no estamos en contra de los controles de velocidad, nos parece bien como una medida preventiva para evitar accidentes y ordenar el tránsito", sostuvo. Sin embargo, remarcó que "estos aparatos tienen que realmente cumplir con las condiciones legales requeridas porque eso hace a que realmente se trate de un aparato que mida bien".
Según explicó, la información surgió a partir de un relevamiento realizado por Vialidad Nacional. "Tuvimos noticia de que Vialidad Nacional ha detectado que en las rutas nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe existen radares que están colocados que no han cumplido con los requerimientos legales", afirmó.
Malfesi indicó que para operar en rutas nacionales los cinemómetros deben contar con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con el permiso de uso del espacio otorgado por el Estado nacional. De no cumplirse esas condiciones, la legalidad de las actas de infracción podría quedar comprometida.
En ese sentido, recomendó a quienes reciban una multa verificar si el radar utilizado figura entre los equipos homologados. "Cuando le llega la multa a la persona, puede fijarse que en el acta hay un número del aparato y entrar a una página del Gobierno de la Nación, de la Agencia de Seguridad Vial, para ver si ese número está en la lista de los aparatos homologados", explicó.
La diputada señaló que, si el equipo no aparece en ese registro oficial, el conductor podría iniciar un reclamo. "Si realmente no está en esa lista, yo creo que puede impugnar esa acta e incluso, si ya pagó, pedir una devolución", aseguró.
Consultada sobre las consecuencias de esta situación, Malfesi sostuvo que podrían existir responsabilidades administrativas e incluso judiciales. "Puede haber responsabilidad no solo administrativa, puede haber distintos tipos de responsabilidad por los funcionarios actuantes", advirtió, aunque insistió en que la prioridad debería ser regularizar el funcionamiento de los dispositivos.
También cuestionó el objetivo con el que, en algunos casos, se implementan estos controles. "Muchas veces nosotros lo que vemos es más un afán de recaudar que de control, y eso se tiene que terminar", expresó.
Respecto de la distribución de los radares observados, explicó que el problema no se concentra en una región específica. "Están en todas las zonas... en la zona de Rosario, por la ciudad de Santa Fe, en el norte también, en la mayoría de las rutas nacionales", afirmó. Incluso reconoció que la magnitud del relevamiento la sorprendió. "Cuando lo empezamos a ver no lo podía creer realmente... prácticamente casi todos los que están en rutas nacionales", agregó.
Por último, Malfesi confirmó que también analizan quiénes son las empresas proveedoras de los equipos y si cumplen con los requisitos correspondientes. Mientras tanto, insistió en que el Gobierno provincial debe brindar precisiones sobre la situación y avanzar en la regularización de los radares para evitar nuevos cuestionamientos sobre la validez de las infracciones labradas en rutas nacionales.