Esta semana ha sido clave en la causa vinculada a la banda de estafadores inmobiliarios que operaron durante diez años en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes.
Según la investigación, al menos 120 personas fueron estafadas por esta organización y la fiscalía del MPA estimaba que el fraude superaba el millón de dólares.
Por LT10, Ricardo Veglia, abogado de las víctimas, indicó que la justicia ha ampliado recientemente la imputación contra quien se considera el jefe de la organización y otras personas vinculadas.
Veglia explicó con detalles que esta banda no es un fenómeno nuevo, sino un desprendimiento de otra organización criminal que fue desarticulada alrededor del año 2014 tras operar durante una década. Esta nueva célula continuó operando bajo modalidades similares durante otros 10 años, utilizando información fraudulenta para inducir a error a magistrados en juicios de escrituración.
Al respecto, el abogado señaló: "Esta gente es una verdadera banda delictiva, incluso uno de los cargos que se le formula es precisamente asociación ilícita". El abogado agregó que los imputados "han cabalgado, no digo en todo el código, pero sí por lo menos una buena parte del código penal de Argentina", aludiendo a delitos que van desde la estafa y falsificación de documentos públicos y privados hasta el uso de sellos oficiales falsos.
Uno de los puntos más críticos de la investigación es la participación de profesionales que brindaban un "visto de seriedad" ante las víctimas. Veglia identificó a dos abogados involucrados: Alfonso Storni, a quien se le amplió la imputación, y Javier Cóceres, actualmente detenido en la unidad penal de Las Flores. También mencionó a corredores inmobiliarios, como Agustín Storni y un hombre llamado Diego, que ya estuvo detenido.
Además, el abogado reveló cómo la banda obtenía información privilegiada: "Contaban con informantes dentro de las áreas catastrales de los municipios... que ahí les apuntaban los inmuebles que tenían deudas de tasa". En etapas anteriores de la banda madre, incluso contaban con un nexo en Catastro que ingresaba al Registro de la Propiedad para adulterar libros físicos y cambiar la titularidad de los inmuebles,.
A su vez, Veglia destacó la gravedad de casos particulares: "Gente joven que gestionó en su momento su plan procrear... se encontraron con que no tienen el terreno, no tienen la casa y tienen la deuda con el banco",. En otros casos, las propiedades eran vendidas dos o tres veces a distintos compradores.
Sobre la posibilidad de recuperar el dinero, el panorama es desalentador. Veglia explicó que se siguió una pista de fondos girados al Citybank de Panamá, pero la Fiscalía no pudo hallar el rastro. "Lamentablemente el dinero está perdido. No creo que se logre recuperar algo de todo eso", concluyó, enfatizando que el daño más profundo es el emocional y psicológico de quienes perdieron sus ahorros.
Finalmente, Veglia calificó la situación actual con una frase contundente: "Parece un festival de la delincuencia". A pesar de esto, valoró positivamente el trabajo actual de la justicia, afirmando que "se está trabajando bien, se está haciendo lo que se puede".