Las cocineras comunitarias nucleadas en diversos movimientos sociales profundizan su reclamo frente a la Legislatura santafesina. La medida busca presionar por el tratamiento y aprobación de un proyecto de ley que no solo otorgue un reconocimiento formal a su labor, sino que garantice una remuneración para quienes sostienen el funcionamiento de comedores y merenderos en todo el territorio provincial.
La protesta, que se extiende por varios días, se desarrolla en un contexto de alta demanda alimentaria en los barrios populares. Si bien las organizaciones admiten que la iniciativa avanza en las comisiones legislativas, cuestionan que el texto actual contemple el reconocimiento de la actividad sin incluir una compensación económica.
"Necesitamos un salario digno"
En diálogo con el móvil de LT10, Jorgelina Gómez, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), expresó: "Es la quinta jornada de permanencia. Exigimos que la ley se apruebe".
Según detalló, el proyecto retornó a comisión con modificaciones que generan inquietud en el sector. "Sabemos que el proyecto pasó por la Comisión de Promoción Comunitaria y nos lo devolvieron con correcciones. Entendemos que no quieren que seamos consideradas trabajadoras del Estado, pero continuaremos luchando porque necesitamos que las compañeras reciban un salario digno", afirmó.
Gómez subrayó que el trabajo comunitario es esencial: "Las compañeras dejan sus changas para asistir a los barrios con un plato de comida. Muchas veces, no tienen para sostener la olla en su propia casa y, sin embargo, sostienen las de la comunidad".
Respecto a la demora en la aprobación de la norma, la dirigente desestimó que se trate de una cuestión de recursos. "Sabemos que hay fondos en la provincia. En una Argentina y una Santa Fe tan ricas, lo que falta es decisión política", sentenció, al tiempo que instó al gobernador Maximiliano Pullaro y al oficialismo a abrir una instancia de diálogo formal.
El impacto de la crisis y la demanda alimentaria
Por su parte, Carolina Garrido, referente del movimiento Nuestra América, vinculó la medida de fuerza con el agravamiento de la situación social. "El hambre es una realidad que crece día a día", advirtió.
Garrido citó datos oficiales para graficar la emergencia: "La demanda en los comedores subió un 40%. Hoy se entregan 400.000 raciones diarias en 1.200 comedores de toda la provincia". Además, destacó que el deterioro del poder adquisitivo ha ampliado el perfil de los asistentes: "No solo acuden personas desempleadas; se acercan jubilados y trabajadores municipales o de la construcción, cuyos salarios han sido pulverizados por la inflación".