Jorge Pighin, también integrante del consejo consultivo del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, se refirió a la posible desregulación del mercado inmobiliario impulsada por el Gobierno nacional. "Como primera medida, nunca se puede desregular algo que nunca estuvo regulado", sentenció en diálogo con LT10.
El dirigente explicó que el corretaje inmobiliario en Argentina no es un paso obligado para las transacciones. De hecho, precisó que los corredores matriculados administran actualmente no más del 40 % de los contratos de locación y administración de viviendas o locales comerciales a nivel país.
La vigencia de los Colegios Profesionales
Respecto a las atribuciones del Ejecutivo nacional, Pighin recordó que los artículos 121, 122 y 125 de la Constitución Nacional establecen que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal. "En el caso de Santa Fe, el artículo 53 de la Constitución Provincial reconoce a los colegios profesionales y les otorga el control de la matrícula para el bien común", subrayó.
Para el titular de FIRA, la eliminación de la colegiación pondría en riesgo al consumidor final. "¿Cómo podemos pretender que no haya un colegio que controle a su matriculado y un tribunal disciplinario que garantice el buen ejercicio de la profesión?", cuestionó, vinculando el anuncio oficial con intereses de franquicias internacionales.
Seguridad jurídica y tecnología
Ante el avance de nuevas tecnologías como la "tokenización" o el sistema blockchain para contratos inteligentes, Pighin reconoció la necesidad de modernización, pero alertó sobre el factor humano y la confianza. "Una familia no solo contrata a un corredor, compra confianza porque allí deposita sus ahorros o su crédito hipotecario".
Asimismo, advirtió sobre el incremento de las estafas en operaciones realizadas por fuera del sistema profesional a través de internet. "La Justicia ya ha sancionado a seudos corredores por delitos cometidos. No obstante, en Santa Fe, la Corte Suprema ha sido la única que no tomó algunos de estos casos para sancionar, a pesar de las denuncias institucionales".
El modelo de EE. UU. y el mercado local
Pighin comparó la situación con la de Estados Unidos, donde existen cerca de 1,8 millones de "brokers" habilitados. "Allá tienen una capacitación mínima, pero son paso obligado; no pueden operar de forma particular como aquí. Además, el sistema judicial funciona de otra manera".
Finalmente, el dirigente destacó que el sector representa a unos 30.000 matriculados en todo el país que generan una importante red de pequeñas y medianas empresas (pymes). "Seguiremos pidiendo audiencias al ministro para acercar posiciones. Está en juego la protección del consumidor y el derecho constitucional a la vivienda", concluyó.