Tras la quiebra de Plunimar, la empresa que operaba el ex Aquarium Mar del Plata, decretada el pasado 20 de febrero, se abrió una fuerte controversia por el destino de los 66 animales que permanecen bajo resguardo judicial en el predio ubicado junto al Faro de Punta Mogotes.
El complejo, controlado por la multinacional mexicana The Dolphin Company, había cerrado sus puertas el 31 de marzo de 2025, luego de que fracasaran las negociaciones para renovar el alquiler del terreno. Desde entonces, el futuro de las especies quedó atado a la instancia judicial y a las regulaciones ambientales.
Hoy, dentro de las instalaciones permanecen un total de 66 animales, de los cuales 56 son pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos.
Dado que la empresa está dentro de un proceso judicial, cualquier traslado —ya sea temporal o definitivo— requiere la autorización expresa del Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, donde se tramita la quiebra de la firma.
El deterioro financiero de Plunimar se aceleró tras el cierre. Sin su fuente de ingresos principal por la venta de entradas desde marzo de 2025 y con el contrato de alquiler vencido, la empresa se declaró la cesación de pagos en enero de 2026, lo que derivó en incumplimientos salariales y una fuerte reducción de su capacidad operativa.
Poco tiempo después, el 20 de febrero de este año, la Justicia decretó la quiebra directa ante la imposibilidad de remontar la situación financiera de la empresa.
Actualmente, unos 12 trabajadores continúan en funciones, abocados exclusivamente a la alimentación, sanidad y seguridad de los animales.
El fin del contrato que desató la crisis
El conflicto del Aquarium se profundizó cuando fracasaron las negociaciones con los dueños del predio. El contrato de alquiler, vigente durante más de tres décadas -desde su fundación en 1993-, había expirado en 2022 y las renovaciones anuales se interrumpieron definitivamente en 2025. Según informó The Dolphin Company, los propietarios decidieron destinar las tierras a nuevos proyectos, lo que marcó el cierre del parque y el inicio del proceso judicial.
En ese contexto, los 66 animales quedaron judicializados como parte del activo de la empresa.
Antes de la quiebra, la compañía había intentado venderlos a instituciones de México, China y San Pablo, pero las operaciones no prosperaron por restricciones sanitarias y ambientales. El comercio internacional de fauna marina está sujeto a estrictos controles multilaterales, lo que limita este tipo de transacciones.
La situación generó también controversia por las condiciones en las que permanecen los animales. Luego de varias denuncias en las redes sociales, tanto la empresa, como el municipio aseguraron que el agua de los estanques proviene del océano y que se mantienen protocolos básicos de bienestar. Sin embargo, el destino del grupo —principalmente pingüinos y lobos marinos— dependerá de lo que defina la Justicia en las próximas semanas.