La crisis en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad volvió a visibilizarse este miércoles en Santa Fe con una protesta frente a El Molino Fábrica. Allí confluyeron instituciones, centros de día, transportistas y familias afectadas por el atraso en los pagos y la falta de actualización de los aranceles.
El reclamo no es nuevo, pero se profundizó en las últimas semanas: hay servicios al borde de la quiebra, profesionales que abandonan sus puestos y usuarios que pierden la continuidad de sus tratamientos.
El móvil de Verónica Ensinas para LT10 recogió testimonios de algunos referentes de la movilización planteó que la situación llegó a un punto crítico: “Es nuestro tercer día de jornada nacional y provincial; nos adherimos a este paro con cierre de actividades y hoy con movilización”. La protesta apunta directamente al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que aún no se traduce en soluciones concretas.
“Hoy decimos que es un paro, pero en realidad es el límite. Hasta acá llegamos, ¿hasta dónde más?”, cuestionaron los manifestantes. En la marcha se mezclaron distintos actores del sistema: “Hay transportistas, instituciones, talleres protegidos y apoyos escolares. Algunas instituciones ya tuvieron que cerrar sus puertas por tiempo indefinido”.
El problema central es económico, pero sus consecuencias impactan en toda la cadena. Según relataron, la falta de pagos hace inviable sostener los servicios: “Si no nos pagan, no podemos pagar a los equipos de profesionales. Al transporte, si no le pagan, tampoco puede cargar combustible o cambiar los neumáticos”.
La situación también afecta a las familias, que ven interrumpidos tratamientos y rutinas clave. En ese sentido, advirtieron que “hay familias que dejan de llegar a las terapias y personas que están perdiendo avances muy significativos”.
El deterioro del sistema de apoyos tiene un efecto directo en la vida cotidiana: “Cuando esos apoyos faltan, hay un deterioro en su condición y también en la organización familiar, porque el sistema es lo que permite a los padres trabajar y sostener sus actividades”.
Uno de los puntos más sensibles es la ruptura de la cadena de pagos. “En noviembre cobramos el mes de septiembre. Pasamos diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo sin cobrar; se rompió la cadena de pagos”, detallaron.
Esa inestabilidad también impacta en los trabajadores, que buscan alternativas ante la imposibilidad de autosustentarse: “Cuando no tenés la posibilidad de cumplir con tus obligaciones, tenés que hacer una reconfiguración y eso lleva a evaluar otras opciones laborales”.
El reclamo apunta tanto a la Nación como a la Provincia, a quienes acusan de no dimensionar la gravedad del problema. El sistema “se resquebraja porque no hay financiamiento” y hoy funciona “solo por buena voluntad” mientras se acumulan las deudas.