La toma de la Comisaría 20.ª de Arroyo Leyes, ocurrida en noviembre de 2022, marcó uno de los episodios más graves de connivencia entre fuerzas de seguridad y el delito organizado en la provincia. La investigación permitió desarticular una asociación ilícita integrada por policías y civiles que utilizó recursos del Estado para cometer robos violentos entre 2020 y 2023.
En ese marco, la Justicia santafesina condenó a Sebastián José Pallavidini —personal policial activo al momento de los hechos— y a Martín Hernán Viña, uno de los organizadores principales de la banda. Ambos admitieron su responsabilidad mediante juicios abreviados; no obstante, la causa continúa abierta y restan imputados que deberán enfrentar un juicio oral.
La fiscal María Laura Urquiza explicó que “la investigación no ha finalizado aún; se han cerrado algunas de las responsabilidades mediante juicios abreviados, pero no todas ellas”, y aclaró que el proceso judicial sigue su curso. Asimismo, confirmó que uno de los líderes de la organización es “un personal policial con jerarquía de comisario”, señalado como quien ordenó la toma de la dependencia.
Urquiza calificó el suceso como “un hecho grave” y detalló que la pesquisa permitió establecer “la existencia de una banda, de una asociación ilícita organizada compuesta por personal policial y por civiles”. Según precisó, el grupo no solo perpetró el ataque a la comisaría, sino que había cometido “al menos otros tres hechos delictivos desde el 2020”.
Sobre el estado de la causa, indicó que cinco de los doce involucrados ya fueron condenados: “Se encuentran condenados. Ahora, los otros siete van a ir a juicio oral”. También señaló que la etapa de instrucción está concluida y que resta “poder demostrar la participación de todas las personas, no solo en el asalto a la comisaría, sino en los otros tres hechos que les han sido atribuidos”.