En el Senado de la Nación se presentó un proyecto de ley que busca reforzar las restricciones al uso y comercialización de productos de vapeo, con especial foco en la protección de menores de edad.
La propuesta establece la prohibición expresa de vender o entregar gratuitamente estos dispositivos a menores, así como la prohibición total de su exhibición, publicidad, promoción y patrocinio. El incumplimiento sería sancionado con multas, clausuras y decomisos.
Según la autora del proyecto, el objetivo es frenar el crecimiento del uso de vapeadores entre adolescentes, advirtiendo que estos productos “generan adicción y daños a la salud”.
Sin embargo, desde la campaña Vapeo Responsable, impulsada por la organización internacional World Vapers’ Alliance, señalan que la prohibición no impide el acceso de los menores y que, además, limita la posibilidad de que fumadores adultos conozcan alternativas “un 95% menos dañinas” que el cigarrillo.
Un marco ya prohibicionista
En Argentina, la venta, importación, publicidad y distribución de productos de vapeo están prohibidas desde 2011 por una disposición de la ANMAT. A pesar de ello, su uso se ha extendido a millones de personas que los adquieren de manera informal, sin controles ni trazabilidad.
Para Alberto Gómez Hernández, portavoz de la campaña, el nuevo proyecto “profundiza un modelo prohibicionista que ha fracasado en sus propios objetivos”. Señaló que, sin regulación ni canales de venta fiscalizados, “el mercado informal seguirá creciendo y los menores seguirán accediendo sin barreras”.
Propuesta de los usuarios
Desde la organización plantean habilitar la venta en tiendas especializadas con verificación de edad y controles estrictos, lo que permitiría:
- Garantizar que solo adultos accedan a los productos.
- Ofrecer información sobre uso responsable y riesgos.
- Asegurar calidad controlada y trazabilidad.
El modelo propuesto sería compatible con sanciones a quienes vendan a menores, algo que la organización respalda.
Petición ciudadana
En paralelo, Vapeo Responsable lanzó una campaña dirigida al Gobierno nacional para pedir el fin de la prohibición vigente y la implementación de una regulación “moderna y basada en evidencia científica”. El planteo incluye: venta a adultos en comercios habilitados, controles de calidad, prohibición y sanción efectiva de venta a menores, y acceso a información clara sobre alternativas al cigarrillo.
“Miles de argentinos ya se sumaron a la petición. Necesitamos dejar atrás el miedo y avanzar hacia políticas con sentido común”, concluyó Gómez Hernández.