La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15 mil usuarios que accedían al beneficio de la tarifa social, tras detectar situaciones irregulares y potenciales fraudes. Sin embargo, en paralelo, la firma estatal avanza con denunciar a cada uno de ellos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Así lo confirmó este martes la presidenta de la empresa estatal, Anahí Rodríguez. “Hemos cortado el beneficio de la tarifa social y tomado la decisión, al inicio de nuestra gestión, de denunciar cada irregularidad, sean usuarios formales o informales, frente al MPA a través de un trabajo que realizamos con nuestra área jurídica”, indicó en una entrevista radial.
En el mismo sentido, la funcionaria a cargo de la EPE desde que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro expresó: “No vamos a vacilar en las decisiones y procesos administrativos o judiciales que tengamos que llevar adelante. Es una situación gravosa, son ingresos públicos y una magnitud muy grande de recursos”.
Este accionar del gobierno provincial implicará que, además de haber sido dados de baja de la tarifa social, los usuarios que cometieron algún tipo de fraude podrían sufrir consecuencias judiciales.
Acerca de cómo estos usuarios accedían al beneficio de la tarifa social, pese a no cumplir con los requisitos como se descubrió ahora mediante la revisión que hizo la empresa, Rodríguez explicó que los subsidios “se otorgan a través de declaraciones juradas y manifestaciones de datos personales y patrimoniales de los usuarios”.
Aunque no encajaban dentro de los parámetros establecidos para recibir la tarifa subsidiada, entraban mediante "declaraciones apócrifas" y datos que no eran reales.
“Venimos con un control desde hace 18 meses, continuamente estamos dando de baja usuarios con distintos beneficios, y en los últimos meses se puso el foco en la tarifa social por alguna sospecha”, abundó sobre las razones que los llevaron a profundizar la investigación.
Cuál es la sospecha de la EPE
Según detallaron desde el gobierno provincial, se encontraron usuarios fallecidos, propiedades en alquiler, locales comerciales y viviendas ubicadas en barrios de alto poder adquisitivo que figuraban como beneficiarios de la tarifa subsidiada.
El programa de tarifa social tiene como objetivo garantizar el acceso a la energía eléctrica a hogares de bajos ingresos, y el costo que no paga el usuario es absorbido por el Estado.
Por eso, remarcaron desde la EPE, los controles buscan "eficiencia en la asignación de recursos públicos y justicia distributiva", para que no se financien abusos con el esfuerzo de todos los santafesinos.