Después de la detención de una suboficial de 21 años que trabajaba en el Centro de Monitoreo de la Central de Emergencias 911 y filtraba información a su novio gatillero para que cometa delitos, el gobierno provincial dispuso controles socioambientales a policías y agentes penitenciarios. Lo que se busca a través de la medida es establecer sus relaciones sociales, familiares y comerciales que puedan afectar negativamente en su desempeño.
La medida comenzará a implementarse desde junio. Será concomitante con el cierre de inscripción a la carrera policial.
La resolución fue instruida este martes por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe Pablo Cococcioni, quien dio facultades a la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera, al secretario de Seguridad Pública y a la Secretaría de Asuntos Penales para diseñar e implementar las inspecciones.
La medida será aplicada, conforme al texto, con los postulantes, cadetes, agentes nombrados en comisión y efectivos confirmados, tanto de la Policía de Santa Fe como del Servicio Penitenciario.
Según la disposición, se intentará “detectar comportamientos, patrones de conducta, relaciones sociales, familiares, comerciales o de otro tipo, que puedan afectar negativamente el desempeño de los agentes o la confianza pública en las instituciones de seguridad”.