La investigación judicial por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero alrededor de la compra de la firma Ciccone, que atañen al vicepresidente Amado Boudou, sumó hoy otro elemento.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) admitió que nunca hizo una consulta al Ministerio de Economía por la quiebra de una empresa como ocurrió con Ciccone Calcográfica, cuando el organismo le pidió al entonces jefe del Palacio de Hacienda su opinión para otorgar un plan de pagos de su deuda para evitar la quiebra.
Según consta en la investigación, el actual vicepresidente respaldó las condiciones acordadas con el fondo de inversión The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, para sostener a Ciccone. La AFIP admitió ante el fiscal Carlos Rívolo que la consulta fue única, informó el diario Clarín este martes.
En el allanamiento encabezado por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal, a mediados de este mes, se tomó conocimiento de las 16.000 cartas enviadas por el ministro de Economía entre 2009 y 2011, años en los que fue titular, en ninguna se ocupó de una quiebra como la de Ciccone.
El fiscal quiere saber si Boudou se interesó en una empresa de Vanderbroele, denunciado como su “testaferro”.
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