Fuentes allegadas a la pesquisa indicaron a Télam que este viernes al mediodía el juez federal Claudio Bonadío aceptó que el Estado Nacional actúe como querellante, lo que le permitirá acceder al expediente y sugerir medidas de prueba.
El pedido para ser tenido como querellante lo había realizado días atrás el abogado Rafael Llorens, subsecretario legal y técnico del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que conduce el ministro Julio de Vido.
La denuncia por extorsión que había presentado fue desestimada y ahora se investigará si existió falso testimonio.