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 Un año después de que la justicia suiza le pidiera al juez federal Norberto Oyarbide datos sobre causas en trámite en la Argentina contra Hugo Moyano, sus hijos y su familia, el magistrado decidió dar curso a la solicitud de ayuda.

Ayer mandó a las cámaras federales de todo el país una nota donde les pide que le informen si tienen causas así en sus jurisdicciones, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Hace un año Moyano era un socio privilegiado del Gobierno. Ahora está enfrentado con el kirchnerismo y hace constantes reclamos en nombre de los trabajadores.

Suiza les había pedido a mediados de marzo de 2011 informes a la Argentina acerca de si Pablo Moyano, y su familia tenían causas en la Argentina. El pedido fue de la fiscal María Antonella Bino. El motivo fue que los suizos habían congelado fondos por 1.870.000 dólares de una cuenta perteneciente a Ricardo Rubén Depresbiteris y a su esposa, Marcela Elvira Mete, directores de la empresa de recolección de residuos Covelia SA. Simultáneamente, artículos periodísticos vincularon a Moyano con la propiedad de Covelia y con la causa de la mafia de los medicamentos. Depresbiteris y Moyano negaron vínculos comerciales.

Ante la sospecha de que esos fondos retenidos pudieran tener origen ilícito, la fiscalía suiza pidió la información a la justicia argentina. Oyarbide dijo que primero Suiza debía explicar cuál era la norma de ese país que castigaba el delito investigado. Hubo entonces un ida y vuelta de exhortos diplomáticos que llevó cuatro meses. Luego la cancillería argentina observó que -en su opinión- faltaban precisiones y las requirió. Ya corría septiembre de 2011. Finalmente se objetó que faltaba describir adecuadamente el hecho investigado.

Tras recibir la visita de la ex ministra Graciela Ocaña, que a través de su fundación pidió acceso a esta causa, Oyarbide le envió el expediente al fiscal Jorge Di Lello para que opinara.

Ayer mismo, Di Lello entendió que Suiza ya informó sobre la ley penal aplicable y que la fiscalía helvética hizo un relato suficiente de las características del hecho que investiga. Sobre todo teniendo en cuenta las dificultades propias de una causa por lavado de dinero, que en un primer momento "impiden la precisión de fecha, modo, imputados y las circunstancias generales que rodean a los mismos".

Por eso impulsó el fiscal que se tramite el pedido de ayuda suiza, cuestión que Oyarbide realizó ayer mismo.

Ahora el juez esperará que las cámaras le respondan. Los suizos pidieron además copias de la documentación relativa a las relacionadas con Pablo Moyano y su familia, incluido Hugo.

En la ciudad de Buenos Aires remiten causas en el propio juzgado de Oyarbide, donde se investiga a Moyano por la compra de remedios para la obra social del gremio de camioneros. Lo mismo ocurre en el juzgado de Claudio Bonadio. Además -por denuncia de Ocaña- se investiga a una red de empresas familiares ligadas a Moyano, proveedoras de la obra social de camioneros, para determinar si no existió una administración fraudulenta.