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Para el Gobierno, hoy YPF tendría una valor total de menos de u$s 10.000 millones, con lo que necesitaría no más de u$s 5.000 millones para obtener el 51% de las acciones de la compañía. Si esto fuera así, al Ejecutivo le alcanzaría el dinero líquido que maneja la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). De concretarse la compra, sería la operación financiera más importante del Gobierno nacional desde la finalización del canje de deuda de 2010 y el movimiento fiscal más trascendente desde que se estatizó el sistema de jubilación privada a través de las AFJP.

Al Gobierno sólo le restaría oficializar el envío al Congreso del borrador del proyecto de ley que está ya en poder de Cristina de Kirchner, y que le permitiría al Ejecutivo comprar papeles de empresas privadas para hacerse del control accionario, posibilidad hoy legalmente vedada. La intención, a la que haría referencia la Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, sería que el Legislativo apruebe lo más rápido posible la ley y que se abra un proceso de negociación entre el Ejecutivo a través de la ANSES, y los directivos de Repsol y el Grupo Eskenazi, para que entre ambos acepten vender la mayoría accionaria de la petrolera. Actualmente, la compañía española detenta la mayoría absoluta con un 58,23% de las acciones, mientras que la familia Eskenazi cuenta con el 25,46% y un 16,35% son inversores privados (acciones de cotización bursátil). Necesariamente, para poder realizar la operación, el Gobierno debería negociar con Repsol o también, pero no necesariamente, con los Eskenazi, para acceder al 51%.

Cotización

El cálculo sobre el valor de la empresa que hizo el Gobierno parte de la cotización a ayer de la compañía en la Bolsa de Comercio, donde la acción cayó un 14,9%. Si se tiene en cuenta que la misma bajó en un mes (desde que comenzó la embestida oficial sobre la petrolera) un 24%, y que hace unos 40 días la compañía valía poco menos de u$s 16.000 millones; el valor sería el oficial.

Para la ANSES, tomando en cuenta el dinero que administra desde el FGS, la operación sería importante, pero no imposible. Según los cálculos a octubre de 2011, el organismo que maneja Diego Bossio (que el martes estuvo largamente reunido con Cristina de Kirchner), tendría un total de activos financieros de 201.027.029.281 pesos. Como se estima que el alza de dinero mensual puede llegar a los $ 5.000 millones mensuales, actualmente alcanzaría los 220.000 millones de pesos. La mayoría de las inversiones del FGS se concentran en títulos públicos del Gobierno argentino, alcanzando el 57% de las operaciones (unos $ 115.000 millones), seguido de los proyectos productivos de infraestructura con un 13,3% ($ 26.700 millones), plazos fijos en diferentes monedas con el 12,7% (25.500 millones), acciones en sociedades anónimas con un 9,6% (19.300 millones) y fideicomisos financieros con el 2,4% (4.837 millones). Si se tiene en cuenta que el valor actual de la empresa, para detentar la mayoría, sería de menos de u$s 5.000 millones, la ANSES debería aportar unos $ 22.000 millones. Sólo con el dinero en plazos fijos (en teoría los de mayor liquidez) alcanzaría.

De tomarse la decisión, aprobarse la ley y aceptar los españoles de Repsol y eventualmente los Eskenazi la venta, el Gobierno tomaría el control de la petrolera con dinero de la ANSES, en una operación que le generaría más dinero que los intereses de los plazos fijos, teniendo en cuenta que YPF, desde hace más de una década, siempre generó mayor rentabilidad que la media del sistema financiero. El entusiasmo oficial radica además que podría completar la operación, sin tocar reservas del Banco Central, operación reservada durante el kirchnerismo para la cancelación de deuda externa pública.

Inversión

Quedaría para el Gobierno dilucidar una última cuestión fundamental, sobre la operatoria de YPF una vez controlada por el sector público a través del FGS: la inversión en yacimientos. En la mira está puntualmente el de Vaca Muerta en Neuquén. Este pozo petrolero fue eje de una primera discusión entre los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, y el de Planificación, Julio De Vido, cuando hace un mes se reunieron en el Palacio de Hacienda con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y le reclamaron por las inversiones que teóricamente no se habían hecho en los principales yacimientos. En esa oportunidad, Brufau dijo que conseguiría los millones de dólares necesarios (varios miles de millones), si el Gobierno nacional retiraba su embestida y se colocaba en un lugar secundario. La respuesta oficial fue la embestida que hoy podría tener su corolario en el Congreso nacional.

El problema sería, cómo conseguir los millones de dólares para comenzar a invertir en los yacimientos petroleros que se les quitarían a la empresa. Aquí, algunos funcionarios de la línea política del kirchnerismo proponen desempolvar la vieja amistad estratégica con la venezuela de Hugo Chávez y asociarse con la bolivariana PDVSA para que sea esta la que ingrese en el negocio local. El plan B, es Petrobras.