El Gobierno envió este martes al Congreso y a las provincias la nueva versión de la Ley Bases, que abarca cuestiones fiscales, económicas y de reforma del Estado, con el objetivo de avanzar con los principales lineamientos que impulsa la gestión del presidente Javier Milei.
La segunda versión de la ley ómnibus fue recibida por los legisladores de los bloques dialoguistas, con quienes el oficialismo busca acordar antes de llegar a la instancia de debate oficial.
El texto, que finalmente cuenta con 279 artículos, es mucho más técnico que el primero y será presentado en la comisión de Diputados como el nuevo dictamen de Ley Bases original, que todavía tiene estado parlamentario.
En Casa Rosada, trabajaron en su redacción con intensidad durante toda la jornada y, cerca de las 21.30, se conoció la versión que será debatida en el Parlamento, a la que tuvo acceso el portal Noticias Argentinas.
En el primer artículo, el proyecto declara la "emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año".
"Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente. El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos", indica el texto.
Este punto es uno de los principales cambios en relación a la Ley Bases original, ya que se redujeron las emergencias y tampoco hay posibilidad de prórrogas.
Esta segunda versión también faculta al Poder Ejecutivo "a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación".
Para continuar con el plan de recortes, el proyecto encomienda al PEN "a llevar adelante las privatizaciones" de las empresas públicas.
Si bien no hay reforma laboral -como se había especulado-, la norma vuelve a hablar de la disminución del empleo público.