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El recorte de R$ 55.000 millones en el presupuesto federal para este año que anunciaron el ministro de Hacienda, Guido Mantega junto a la ministra de Planificación, Miriam Belchior, pretende garantizar el cumplimiento de la meta de superávit primario y viabilizar nuevas reducciones de la tasa Selic. El gasto discrecional de los ministerios sufrió un recorte de R$ 35.000 millones.

El resto del ajuste anunciado, es decir R$ 20.000 millones, se deben a la re-estimación de gastos corrientes, incluidos lo de prestaciones de la Seguridad Social, subsidios y beneficios asistenciales.

En relación a la propuesta original del presupuesto, los ministerios pierden R$ 9.860 millones destinados a gastos discrecionales, es decir, menos de un tercio del corte anunciado para ese tipo de gasto. La mayor parte del ajuste se hizo por lo tanto en gastos que se adicionaron en el transcurso de la tramitación de la ley de presupuesto en el Congreso, donde el volumen de gastos no obligatorios aumentó de R$ 220.970 mil millones a R$ 246.110 millones.

En el decreto de la planificación financiera, la previsión de ingresos también cayeron. Los ingresos primarios o no financieros (principalmente impuestos) se estimaron en R$ 908.290 millones, es decir un 19,86% del PBI, ya descontadas las transferencias constitucionales a los estados y municipios. Esto significa R$ 29.490 millones por debajo de lo establecido en la ley original.

Sin descontar las transferencias, los ingresos calculados por el gobierno son inferiores en R$ 36.410 millones.
En la reprogramación, el gobierno fue más conservador de lo que fue en agosto del año pasado, ya que fue más allá de lo que el Congreso había añadido en la discusión de la ley, que fue de R$ 26.100 millones.

Año tras año, el Congreso sobrestima los ingresos, a fin de incluir nuevos gastos en el presupuesto. Al prohibir ejecutar R$ 35.000 millones, el gobierno afectó los gastos consignados por los congresistas. Del total bloqueado, R$ 20.300 millones se refieren a enmiendas de diputados y senadores.

La diferencia de casi R$ 30.000 millones en la previsión de ingresos no fue la única razón del corte anunciado. El ajuste llegó a R$ 55.000 millones porque la meta fiscal implícita en la ley presupuestaria era menor a la que el gobierno quería.

En la ley, los gastos fueron calibrados para un superávit primario de R$ 71.400 millones en el ámbito del gobierno central (Tesoro Nacional, Banco Central, Seguridad Social). Pero el gobierno quería ahorrar R$ 97.000 millones para que todo el sector público no financiero logre un superávit de R$ 139.800 millones en 2012.

La diferencia de $ 25.600 millones corresponden en parte a inversiones del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) que la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) permite eliminar por la llamada “meta completa‘ de superávit primario. El presupuesto aprobado presupone el uso de esta posibilidad. Pero el gobierno decidió que no va a eliminar ninguna inversión de las PAC y decidió ejecutar plenamente el presupuesto, fijado por ley en R$ 42.000 millones. Incluido el programa PAC, los gastos primarios se limitaron a R$ 811.300 millones, considerando los gastos discrecionales y obligatorios. El presupuesto 2012 autorizaba R$ 866.300 millones.
El total de presupuesto del país pasa de R$ 2,25 billones, debido a que incluye las inversiones de las empresas estatales y la refinanciación de deudas. Pero actualmente es el gasto primario el que importa a los efectos del ajuste fiscal, inclusive para el control de la deuda pública. Con parte del superávit primario, el gobierno cubrirá parte de sus pagos de intereses de deuda.

El ministro de Hacienda, Guido Mantega, dijo que el corte permitirá que la relación entre la deuda neta del sector público en relación al PBI de 2012 sea de un 35,3%, frente al 36,5% registrado a finales de 2011. El proyecto de ley supone que la economía crecerá un 4,5% anual y que la inflación será de un 4,7%.