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Miércoles 08 de Febrero de 2012 - 00:35 hs
Formalizan el decreto que ordena desclasificar el informe Rattenbach
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto que ordena la desclasificación del Informe Rattenbach, trabajo que evaluó las responsabilidades políticas y militares en la guerra de Malvinas, y crea una comisión para analizarlo antes de darlo a conocer públicamente.
Se trata de la decisión firmada ayer por la presidente Cristina de Kirchner en el marco de un acto en la Casa de Gobierno, donde también anunció que la Argentina denunciará ante Naciones Unidas a Gran Bretaña por militarizar el Atlántico Sur.
El decreto, formalizado hoy con su publicación, lleva el número 200/2012 y las firmas de la Presidente, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli.
"Elévase de la clasificación de seguridad establecida, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 25.520 y su decreto reglamentario Nº 950/02, al informe final elaborado por la ´Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur` (Informe Rattenbach), sus antecedentes documentales, anexos generados por las Fuerzas Armadas y toda otra fuente utilizada para la elaboración de dicho informe", ordena el primer artículo.
En el artículo 2do. dispone crear una comisión "a los efectos de aconsejar en el plazo de 30 días corridos a la presidenta de la Nación la parte de la documentación contenida en el informe mencionado en el artículo 1º cuya eventual publicación y/o difusión por cualquier medio pudiera poner en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores".
Este análisis previo es para que Cristina, "en su condición de Jefe Supremo de la Nación, responsable de las Relaciones Exteriores de la Nación y Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación, disponga mantener o no el carácter de ´clasificación de seguridad` en los términos de la Ley Nº 25.520".
La comisión en cuestión estará conformada por un representante del Ministerio de Defensa y otro representante de la Cancillería.
Finalmente, el decreto invita a formar parte de esa comisión al coronel retirado Augusto Benjamín Rattenbach, hijo del autor del informe, el fallecido general retirado Benjamín Rattenbach.
En los considerandos, la decisión oficial subraya que "el accionar de la dictadura que consumó el terrorismo de Estado demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter ´no público` no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal del gobierno de facto".
En ese marco, señala que "pasados 30 años del conflicto bélico del Atlántico Sur y casi la misma cantidad de años de restablecido el Estado democrático, no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de `secreto de Estado` o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado".
Además, destaca que "mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa a la época de la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de memoria, verdad y justicia que el Estado argentino viene adoptando desde el año 2003".
Se trata de la decisión firmada ayer por la presidente Cristina de Kirchner en el marco de un acto en la Casa de Gobierno, donde también anunció que la Argentina denunciará ante Naciones Unidas a Gran Bretaña por militarizar el Atlántico Sur.
El decreto, formalizado hoy con su publicación, lleva el número 200/2012 y las firmas de la Presidente, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli.
"Elévase de la clasificación de seguridad establecida, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 25.520 y su decreto reglamentario Nº 950/02, al informe final elaborado por la ´Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur` (Informe Rattenbach), sus antecedentes documentales, anexos generados por las Fuerzas Armadas y toda otra fuente utilizada para la elaboración de dicho informe", ordena el primer artículo.
En el artículo 2do. dispone crear una comisión "a los efectos de aconsejar en el plazo de 30 días corridos a la presidenta de la Nación la parte de la documentación contenida en el informe mencionado en el artículo 1º cuya eventual publicación y/o difusión por cualquier medio pudiera poner en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores".
Este análisis previo es para que Cristina, "en su condición de Jefe Supremo de la Nación, responsable de las Relaciones Exteriores de la Nación y Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación, disponga mantener o no el carácter de ´clasificación de seguridad` en los términos de la Ley Nº 25.520".
La comisión en cuestión estará conformada por un representante del Ministerio de Defensa y otro representante de la Cancillería.
Finalmente, el decreto invita a formar parte de esa comisión al coronel retirado Augusto Benjamín Rattenbach, hijo del autor del informe, el fallecido general retirado Benjamín Rattenbach.
En los considerandos, la decisión oficial subraya que "el accionar de la dictadura que consumó el terrorismo de Estado demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter ´no público` no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal del gobierno de facto".
En ese marco, señala que "pasados 30 años del conflicto bélico del Atlántico Sur y casi la misma cantidad de años de restablecido el Estado democrático, no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de `secreto de Estado` o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado".
Además, destaca que "mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa a la época de la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de memoria, verdad y justicia que el Estado argentino viene adoptando desde el año 2003".
Fuente: ambitoweb.com
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