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Cinco días después de haber puesto un pie en el país, Antonio Brufau, CEO de Repsol –la principal accionista de la petrolera YPF– continúa en la Argentina a la espera de una audiencia con la presidenta Cristina Fernández, que hasta ayer no se concretó. La demora tiene lugar en medio de una avanzada del Gobierno y los líderes provinciales contra YPF, a la cual responsabilizan, de manera tácita o expresa, según los casos, por el aumento en las importaciones de energía, que en 2011 crecieron un 110% de acuerdo con números oficiales.

En medio de un llamativo hermetismo, el número uno de Repsol se reunió el lunes con el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el de Economía, Hernán Lorenzino. Si bien se conocía la presencia del ejecutivo en el país y su intención de encontrarse con la primera mandataria, ni la compañía ni los voceros de ambas carteras dieron a conocer la reunión, que se difundió a través de medios españoles.

El contenido del encuentro tampoco se conoció de manera oficial. Allegados a Brufau se limitaron a decir que fue “constructivo y positivo”. Según pudo saber El Cronista, el timonel de Repsol hizo hincapié en varias ocasiones ante los ministros sobre la potencialidad de la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, principal reservorio de recursos no convencionales de gas y petróleo a nivel nacional y, de acuerdo con estudios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre los mayores en el plano internacional.
Sebastián Eskenazi, CEO de la petrolera local en representación del Grupo Petersen –que pertenece a la familia– no participó del encuentro. El desgaste de la relación entre los Eskenazi y el Gobierno genera molestias en España debido a que Brufau justificó la sociedad con el grupo local en el hecho de ser “expertos en mercados regulados”, algo que quedó en entredicho luego de las peleas con el Gobierno.

Repsol posee 58% de las acciones de YPF, y le vendió a los Eskenazi otro 25% (ingresaron en 2008 con un porcentaje menor, que luego incrementaron). El financiamiento de esa operación lo otorgó en una medida importante la española, que aceptó pagos parciales con parte de las utilidades que la familia local obtiene de YPF. Por ese acuerdo, refrendado tácitamente por el ex presidente Néstor Kirchner, se distribuyen un 90% de las ganancias de la empresa –la mayor del país–, por lo que sus inversiones están sujetas al financiamiento que pueda obtener (en los primeros nueve meses de 2011 obtuvo ganancias por $ 4.506 millones).

Mientras Brufau se reunía con los ministros, el vicepresidente Amado Boudou criticaba a la compañía. Aseguró que “el problema no es si YPF es privada o no privada”, sino “si tiene sentido nacional, si su sistema de funcionamiento está pensado en la producción petrolífera o con lógica financiera de corto plazo”.

En medio de versiones de una posible estatización, las acciones de YPF cayeron un 15% desde la semana pasada.

Durante las últimas semanas, el Gobierno encabezó un embate contra la empresa –y el sector– que fue desde la denuncia por sobreprecios en la venta de gasoil mayorista, los altos precios del combustible para aviones, la caída en los niveles de inversión y el retiro de planes de estímulo a la inversión petrolera.