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El gobernador, Sergio Urribarri, propuso este lunes derogar la Ley Nº 10.092 de tierras fiscales que a su vez había dejado sin vigencia la Ley Nº 9.603, que establecía que las tierras fiscales del delta entrerriano deberían destinarse al desarrollo de actividades ganaderas y apícolas quedando prohibido el uso para la explotación agrícola. La nueva norma, que ahora se derogará, autorizaba a la creación de una sociedad anónima para desarrollar el cultivo de arroz.

A su vez, el gobierno provincial ratificó la decisión de “defender el patrimonio público y poner en valor productivo las islas entrerrianas convocando a todos aquellos sectores que quieran aportar a este
objetivo”.

En el proyecto que elevó a la Legislatura desmiente “cualquier tipo de intención privatizadora ni concesiones sobre el delta y afirma que la ley ha sido blanco de críticas maliciosas e infundadas”.

La iniciativa deja en claro que hay dos cuestiones en las que el gobierno entrerriano no volverá atrás: una de ellas es la soberanía sobre su territorio. “No dejaremos que ningún privado, domiciliado donde fuere, se apropie del dominio público entrerriano e iremos hasta las últimas consecuencias, incluso penales, en defensa de este criterio”, se señala en los considerando de la norma.

La otra cuestión se señala así: “No dejaremos sumido en el abandono uno de los territorios más fértiles de la República Argentina , como ha ocurrido hasta ahora. Hacerlo, sería un atentado contra los intereses de la provincia, contra la oportunidad y la obligación moral de producir más alimentos para el mundo”, dice el texto firmado por Urribarri.

Nunca se pensó privatizar
El Ejecutivo se encarga de dejar en claro que “nunca se postuló ninguna privatización como interesadamente se ha dicho. Tampoco concesiones sobre todo el delta, como ridículamente se ha expuesto y
menos aún llevar a cabo acciones que pongan en riesgo la cuestión ambiental, como maliciosamente lo han expresado sectores que hacen todo lo contrario”.

En este marco, el Ejecutivo provincial encomienda la elaboración de un registro de inmuebles que pertenecen al dominio público y al dominio privado del Estado, profundizar las acciones penales y civiles
contra los ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial y la revisión de la situación dominial de la totalidad de las tierras que componen el delta entrerriano.

El proyecto
“El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ha propuesto, desde la gestión iniciada el 10 de diciembre de 2007, poner fin a una historia de despojo para ejercer la defensa y recuperación de las islas fiscales que pertenecen a su dominio público”, señala el proyecto enviado este lunes. Y agrega: “En ese marco se han sancionado una serie de normas destinadas a cumplir ese objetivo e incluso se han promovido decenas de acciones judiciales con ese mismo propósito. También se ha profundizado la defensa judicial en acciones en las que el Estado ha pretendido ser despojado de tierras del dominio público. Pero no se trata sólo de la defensa legal. También procuramos poner en valor productivo esas superficies, ello en el marco de una política de sustentabilidad ambiental. Con esa finalidad, entre otras alternativas, se propuso la constitución de una sociedad anóanónima, como instrumento jurídico de administración para que el estado y los particulares concurrieran en la tarea de transformación productiva. El Estado sería socio y garante ambiental efectivo de esas eventuales futuras explotaciones”, se indica luego.

Posteriormente, el texto firmado por Urribarri indica: “De ninguna manera se postuló ninguna privatización como interesadamente se ha dicho. Tampoco concesiones sobre todo el delta, como ridículamente se ha expuesto y menos aún llevar a cabo acciones que pongan en riesgo la cuestión ambiental, como maliciosamente lo han expresado sectores que hacen todo lo contrario (...) A la
inversa, en todo momento hemos sostenido el principio legal que las islas pertenecen al dominio público del Estado y esto significa que las consideramos imprescriptibles e inalienables”, reafirma.

Críticas infundadas
Tras la defensa de los “verdaderos” objetivos de la Ley Nº 10.092, el Ejecutivo lamentó que haya sido “blanco de toda clase de críticas. Muchas de ellas maliciosas y otras infundadas o peor aún, fundadas en conjeturas que sólo caben en la mente de quienes las elaboran”. Y luego agrega: “Como tenemos la franca decisión de defender el patrimonio público y a la vez la firme de decisión de poner en valor
productivo las islas, proponemos volver la situación al punto inicial, derogando la Ley Nº 10.092”.

La convocatoria
El mismo texto legal enuncia la convocatoria “a todos aquellos sectores que de buena voluntad quieren aportar a estos objetivos a elaborar sus propuestas y proyectos, de modo concreto. Porque hay dos cuestiones sobre las que no volveremos atrás: la primera, es la soberanía sobre nuestro territorio. No dejaremos que ningún privado, domiciliado donde fuere, se apropie del dominio público entrerriano e iremos hasta las últimas consecuencias, incluso penales, en defensa de este criterio. La segunda, es que no dejaremos sumido en el abandono uno de los territorios más fértiles de la República Argentina , como ha ocurrido hasta ahora. Hacerlo, sería un atentado contra los intereses de la Provincia, contra la oportunidad y la obligación moral de producir más alimentos para el mundo y contra esa necesidad imperiosa y cada vez más creciente de dar al agua dulce un mejor uso, justamente en la producción de alimentos, antes de que pierda en el mar. Por todo ello reiteramos en el marco de la preservación del medio ambiente”, se explica.

Finalmente,sostiene Urribarri que Entre Ríos “no necesita que nadie le recuerde que tiene jurisdicción sobre parte importante de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Y ello, más la obligación de poner en valor productivo al menos parte de ese territorio insular, es lo que funda nuestra política de hacer las islas cada vez más públicas y más entrerrianas”.

Durante las últimas semanas, la Ley Nº 10.092 había sido criticada desde diferentes sectores, tanto desde entidades ambientales como por dirigentes políticos locales y santafesinos.