En diálogo con LT10, María Laura Lapalma, magister en Derecho Ambiental egresada de la UNL, expresó que “hay un problema con la minería en general que no es exclusivo de Famatina y Chilecito. Muchos pueblos están en riesgo por pedidos de autorización. Esto tiene que ver con un modelo minero que viene pisando fuerte en el país desde hace un par de décadas”.
Además, María Laura Lapalma agregó que “aquí hay una contienda fuerte, bastante compleja. Aquí no solo hay un tema ecológico sino que también es económico, social y político. La minería tradicional tenía otra técnica muy distinta a la que se utiliza ahora. Antes e estudiaba donde estaba concentrado el mineral y se cavaban túneles que seguían la veta. Esta vieja técnica generaba pocas contiendas ambientales. Más allá que en el siglo XIX y el XX no había una conciencia conservacionista, Argentina nunca fue un país minero como Chile, Perú y Bolivia”.
“Desde 1990, la minería implementa una técnica distinta a la tradicional que dinamita la montaña. La consecuencia son esos mega cráteres que circulan en las fotos. Con esta técnica, la minería consigue otra escala. Con esta técnica no solo se extraen los minerales concentrados sino también los minerales dispersos. Estos minerales son lavados con líquidos altamente tóxicos como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio. Para hacer este proceso de lavado se necesitan cientos de millones de litros de agua. Por lo tanto, a partir de este proceso se deja sin agua a poblaciones y se genera un gran daño ambiental, contaminado ríos y napas”, subrayó la magister en Derecho Ambiental.
Consultada sobre el gran negocio que hacen las mineras con estos emprendimientos, María Laura Lapalma explicó que “Argentina tenía un código minero que fue reformado en los años 90. El gobierno de Menem dictó la ley de promoción minera que generó una serie de privilegios para la llegada de capitales. Estas empresas no tributan ganancias, ni ingresos brutos, ni impuesto inmobiliario. Estos minerales que se exportan no pagan retenciones. Estas empresas tampoco están obligadas a procesar el material en Argentina y no están obligadas a abastecer el mercado interno”.
Sobre qué podría llegar a ocurrir si se aplicara correctamente la ley de glaciares, la magister en Derecho Ambiental explicó que “esta norma tardó muchísimo en reglamentarse y muchas mineras, sobre todo en San Juan, presentaron amparos para que no se cumpla. Esta norma exige que se haga un inventario de glaciares para cuidar las fuentes de agua dulce. De esta manera se puede tener mayor racionalidad en el momento de aprobar estas explotaciones”.
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