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En medio de los rumores de estatización y los embates frecuentes por parte del Gobierno hacia YPF, llegará entre hoy y mañana al país Antonio Brufau, el número uno de Repsol (principal accionista de la mayor compañía argentina) y también presidente de la ex firma estatal.

El mayor objetivo del ejecutivo es mantener un encuentro con la presidenta Cristina Fernández para intentar llegar a un acuerdo que le permita a la empresa continuar con sus negocios en el país sin sobresaltos. Luego de las denuncias por sobreprecios en la venta de gasoil mayorista y las críticas por la caída en la producción de crudo y gas, se sumaron esta semana los rumores de estatización. Ese combo político hizo caer la acción de la empresa local en más de un 11% en la semana.

Hasta el momento, la Presidenta no le confirmó al titular de Repsol que lo recibirá.
La molestia del Gobierno con YPF, que está gestionada por la familia Eskenazi, tiene un origen concreto: mientras la empresa distribuye un 90% de sus utilidades –fue parte del acuerdo que sellaron Repsol con el grupo Petersen al momento de su ingreso y contó con el refrendo del ex presidente Néstor Kirchner–, su producción en el país registró una baja importante.

En la vereda de enfrente, el Gobierno debió aumentar las importaciones de energía –crecieron 110% el año pasado–, que dejaron una huella profunda en los números de la balanza comercial.

Repsol posee 58% de las acciones de YPF, y los Eskenazi otro 25% (ingresaron en 2008 con un porcentaje menor, que luego incrementaron). El financiamiento de la llamada argentinización de la empresa lo otorgó la española, que aceptó el pagos parciales con parte de las utilidades de YPF.

El Gobierno quiere que la empresa disminuya drásticamente el giro de dividendos a Repsol y a la familia Eskenazi. Ya había expresado eso a principios de noviembre Roberto Baratta, coordinador de Planificación, mano derecha de De Vido y director del Estado en YPF. En la asamblea de accionistas, votó en contra de la distribución de dividendos prevista por el management de la empresa. En esa ocasión, la compañía había reportado una ganancia de u$s 1.036 millones en los primeros 9 meses del año.

En el entorno de Planificación quieren usar ese argumento para frenar la embestida estatizadora de otros sectores del Gobierno, liderados por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que cuenta entre sus aportes a la gestión K la creación conceptual de Enarsa, la compañía estatal de energía.

Los gobernadores de provincias petroleras se sumaron a la cruzada contra YPF. La semana pasada, el titular del Ejecutivo de Chubut, Martín Buzzi, aseguró a El Cronista que la empresa está entre las que más “cayeron en producción” y deslizó que podrían llegar a “quitar concesiones” a compañías que tengan concesiones subinvertidas.