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El rey Hamad de Bahréin ha anunciado hoy enmiendas constitucionales para ampliar las competencias de la Cámara de Diputados, entre ellas la capacidad de controlar al Gobierno y los presupuestos. La medida trata de poner fin a la revuelta que desde febrero del año pasado sacude a esa isla-Estado, alentada por la mayoría chií de sus ciudadanos que se sienten marginados del poder. Sus palabras han quedado lejos de convencer a la oposición que de inmediato las rechazó como insuficientes.

“Nuestro pueblo ha dado muestras de su deseo de continuar las reformas. (…) Hoy completamos esa marcha con aquellos que tienen un deseo sincero y patriótico de mayor progreso y reforma”, manifestó el monarca sin hacer ninguna referencia al levantamiento popular que ha dejado al menos 35 muertos. La cifra, que puede parecer pequeña en comparación con la de otras revueltas árabes, resulta significativa en un país de poco más de un millón de habitantes, de los que solo la mitad son nacionales, el 70% de ellos chiíes.

Los cambios, a sugerencia de un diálogo nacional que el soberano convocó el año pasado, incluyen que la Cámara pueda cuestionar a los ministros y retirar la confianza al Gabinete. Quedan sin embargo muy lejos de las aspiraciones de la oposición, cuyo principal grupo político, el Wefaq (chií) abandonó aquella cita y el Parlamento en protesta por la represión al movimiento democrático. Tampoco mencionan al primer ministro, un tío del rey que lleva en el puesto desde la independencia del país en 1971 y al que muchos consideran responsable directo de la represión.

Matar Matar, un exdiputado del Wefaq, calificó las reformas de “marginales” y dijo que no respondían a las peticiones de su grupo (los partidos están técnicamente prohibidos en Bahréin y se denominan asociaciones políticas). Lo que Wefaq y otros que apoyan la revuelta piden es que el Gobierno refleje el resultado de las elecciones, algo que daría a los chiíes puestos clave y no meros nombramientos simbólicos.

Ahí entra en juego la delicada situación regional que ha puesto a ese pequeño reino, base de la V flota estadounidense, en la línea de frente en la lucha por la influencia entre el Irán chií y una Arabia Saudí furibundamente suní. Tanto la monarquía saudí como sus parientes bahreiníes ven la mano del régimen teocrático iraní tras la movilización popular que se inició el 14 de febrero del año pasado bajo el influjo de la primavera árabe.

Aunque inicialmente los manifestantes solo pedían reformas políticas, la dura respuesta policial, radicalizó la protesta y apartó de ella a la mayoría de los suníes liberales que la apoyaban. Hamad decretó la ley marcial y pidió ayuda a sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo. La llegada de un millar de soldados saudíes terminó de degradar las relaciones con la oposición. Incluso después de que se levantara el estado de emergencia en mayo y se limitara el acceso de la prensa, los enfrentamientos de los activistas con la policía en las poblaciones chiíes que rodean Manama, la capital, han seguido casi a diario.