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 El titular del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, junto a los presidentes de los bloque legislativos nacionales del partido, Ricardo Gil Lavedra y Luis Petcoff Naidenoff, presentaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe distintos sucesos ocurridos durante 2011 que afectan la deliberación plural de los asuntos públicos y amenazan de manera preocupante el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Esta información fue remitida a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero Marino, y en ella se destaca que durante el año 2011 el gobierno nacional intensificó su estrategia política dirigida, por un lado, a ahogar o presionar a aquella prensa crítica a las políticas del gobierno y, por el otro, a aumentar significativamente la cantidad de medios afines.
Desde el radicalismo advirtieron que con este fin se utilizaron diversos medios o instrumentos. La acción directa a través de grupos cercanos al oficialismo o bien la inacción de agentes estatales; mecanismos de censura indirecta con amenazas de sanciones administrativas o penales; una utilización discrecional y abusiva de la pauta publicitaria estatal castigando severamente a los medios críticos y premiando desembozadamente a los adictos; el uso de todos los medios de difusión estatales como propaladores de propaganda del gobierno.
Además se utilizó el ciclo Fútbol para todos para difundir exclusivamente propaganda oficial; creación y manejo arbitrario de señales digitales que se destinan a personas de derecho público no estatal y a empresas privadas absolutamente afines con el gobierno, aún antes de que se convoque a licitación o concurso alguno; peligrosa intervención del gobierno en el mercado del papel por medio de la sanción de una ley que declara su fabricación y distribución de interés público; anómalas y harto sospechosas decisiones judiciales que, so pretexto de una medida cautelar, dividen e intervienen Cablevisión del grupo Clarín, impidiéndole a la vez la pronta revisión por un tribunal superior, y una inhibición general al diario La Nación por una supuesta deuda fiscal, desconociendo una medida cautelar expresa de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.