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 El Gobierno español reforzará la lucha contra el fraude fiscal con lo que espera recaudar 8.171 millones de euros (10.200 millones de dólares) en 2012, dentro del objetivo de reducir el déficit público del 8 al 4,4 por ciento del PIB a finales de este año.

La vicepresidenta y portavoz del ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, así lo anunció al informar de las decisiones adoptadas hoy por el Consejo de Ministros, en el que también se acordó estudiar medidas para hacer aflorar la economía sumergida.

Entre las directrices para elaborar un plan de control del fraude fiscal, dijo que se intensificará "la comprobación en la fase recaudatoria" y la coordinación con los sistemas fiscales de las comunidades autónomas.

Asimismo, se utilizará la información facilitada por países que salieron de las listas de paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas Holandesas.

Agregó que el Ministerio de Hacienda estudia también implantar la limitación del pago en efectivo para determinadas transacciones -siguiendo el ejemplo de Francia e Italia-, y que se potenciará "la autorregulación voluntaria" de errores en la declaración de la renta.

La vicepresidenta del Gobierno confirmó, por otra parte, el temor que ya había adelantado el gobierno de Mariano Rajoy de que el sistema de la Seguridad Social cerró el año 2011 con déficit, en concreto un 0,06 por ciento del PIB, debido al gran aumento del desempleo y la caída de los cotizantes.

Dicho déficit asciende a 668 millones de euros (854 millones de dólares), dijo Sáenz de Santamaría, que, a pesar de calificar la situación de "preocupante" garantizó que "se pagarán las pensiones" de jubilación.

Por todo ello, la "número 2" del Gobierno conservador de Mariano Rajoy insistió en que España necesita "medidas extraordinarias" para hacer frente a una "situación extraordinaria".

Las nuevas directrices se suman a los recortes y al aumento de impuestos anunciados la semana pasada por el Gobierno del Partido Popular, que aseguró haberse encontrado a final de 2011 con un déficit del 8 por ciento del PIB frente al 6 por ciento que le había comunicado el anterior ejecutivo socialista.