La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) decidió investigar una denuncia presentada contra YPF por supuesta posición dominante en el mercado local de combustibles.
El organismo, que si bien está bajo la órbita del Ministerio de Economía, depende del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dio luz verde ayer a una demanda presentada el 11 de septiembre de 2009 por la Federación de Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires (Fecoba).
Según la denuncia, la petrolera habría violado la Ley 26.156 de Defensa de la Competencia. Para estudiar el caso y admitir o descartar los cargos, la CNDC emitió una resolución de 29 páginas, en la que ordena la apertura del sumario, cuya base conceptual es determinar el comportamiento de la petrolera de la familia Eskenazi, en especial en la integración vertical de sus operaciones, ya que YPF participa en todas las etapas del negocio, desde la exploración, explotación y producción a la comercialización de combustibles con su propia red de estaciones de servicio.
Fecoba argumenta que YPF “detentaría posición dominante y estaría abusando de dicha posición”. En el escrito, al que tuvo acceso El Cronista, la entidad también advierte que esto es así “por cuanto la explotación del negocio de los hidrocarburos estaría organizada por medio de la integración vertical; practicaría una alineación vertical de los precios de los combustibles; incurriría en discriminación arbitraria de precios de venta y llevaría a cabo una política de precios predatorios y de desabastecimiento de combustibles”.
De acuerdo a los datos presentados por Fecoba, YPF tendría hoy “una desmesurada cuota de mercado”, y también acusa a la empresa de “factor distorsivo de la competencia”.
En el mismo documento, YPF rechazó los argumentos de Fecoba. Negó todos los cargos y advirtió que tras la aprobación del Estado de un plan de transformación global, llevó a cabo una importante reducción de su dimensión y participación en los mercados mediante venta de activos y asociaciones.
Sus abogados aseguraron que “sería una contradicción jurídica y económica imputarle abuso de posición dominante a la compañía que cobra los menores precios y que incrementó la oferta de combustible”. Y agregaron que “la dimensión de YPF y sus participaciones en los distintos mercados de combustibles líquidos ha sido convalidada por decisión del Estado Nacional”. También señalaron que si bien YPF es una empresa integrada, “esto no constituye un acto ilícito por cuanto lejos de afectar a la competencia, generaría ganancias de eficiencia y reduciría costos de transacción que contribuiría a mejorar el bienestar económico general”.
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