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El Senado aprobó esta madrugada un paquete de leyes sobre delitos económicos que incluye la modificación a Ley Penal Tributaria y las iniciativas contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo.

La discusión de estos proyectos comenzó minutos antes de las 23:00 del miércoles, en el marco de una extensa sesión en la que se aprobaron en primer término el nuevo Estatuto del Peón Rural, el Presupuesto 2012 y una serie de prórrogas a impuestos.

La modificación a la Ley Penal Tributaria fue el único proyecto del paquete aprobado por unanimidad, con 63 votos a favor.

En tanto, la ley para prevenir el lavado de activos fue aprobada con 47 votos afirmativos y 15 negativos, mientras que la referida a actividades terroristas consiguió 39 votos a favor y 22
en contra.

El proyecto que propone modificar la Ley Penal Tributaria establece que el piso mínimo para que una maniobra económica sea considerada delito pasa de 100 mil a 400 mil pesos, mientras que la evasión agravada pasa de un millón a 4 millones.

Además, establece penas de entre tres y seis años para quien "mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño se aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio de naturaleza tributaria" cuando el monto supere los 400 mil pesos.

El articulado también crea una pena de entre uno y cuatro años para todos los que adulteren los sistemas informáticos de los organismos recaudadores.

El proyecto más polémico fue el que se refiere a la financiación del terrorismo, que modifica el Código Penal para intensificar las penas de cualquier delito cometido con finalidad
terrorista.

La iniciativa establece que cuando se cometa un delito previsto en el Código Penal con la finalidad de "aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo" la pena "se incrementará en el doble del máximo y el mínimo".

Si bien el proyecto aclara esto se aplicara siempre y cuando los hechos no ocurran "en el ejercicio de derechos humanos o sociales o cualquier otro derecho constitucional", la oposición cuestionó a coro la iniciativa.

El jefe del bloque de la UCR, Luis Naidenoff, consideró que este proyecto marca el "camino a la criminalización de la protesta social".

La senadora del peronismo opositor Sonia Escudero afirmó que le "preocupa que esto pueda llegar a utilizarse para hostigar a opositores" y agregó: "Tipificar como cualquier actividad dirigida a generar terror no le dice nada al juez. Es muy abierto. Es un
error no tener un tipo autónmo de terrorismo".

A su turno, el socialista Rubén Giustiniani consideró que "es paradójico que en Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de derechos humanos se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia".

Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, rechazó los análisis de los senadores opositores y sostuvo que "no sería justo consentir que la presidenta (Cristina
Kirchner) está buscando una normativa para perseguir".

Además, el proyecto sobre lavado de activos incluyó modificaciones al Código Penal para prevenir manejos financieros irregulares, como el establecimiento de una pena de seis meses a dos años de prisión al que "hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas".

La misma pena pesará sobre el directivo de una sociedad anónima o colectiva que "a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, balance o cuenta de ganancias falsos o incompletos".

La sesión pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 13:00, cuando los senadores debatirán el proyecto para declarar de interés público la producción y distribución de papel para diarios y la iniciativa contra la extranjerización de las tierras.