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Sr. Gobernador Antonio Bonfatti:

La comisión investigadora no gubernamental organizada en el 2002 y de la que formamos parte emitió informes concluyentes en cuanto a la característica de la represión policial y de la investigación prevencional que resultaron en maniobras desarrolladas para encubrir los delitos cometidos por la policía y por la estructura de mando institucional y política, también quedaron demostradas graves falencias en la investigación judicial, estas conclusiones fueron entregadas al ex gobernador Binner de quien usted fuera Ministro de Gobierno, en la reunión que tuviéramos el 20 de diciembre de 2007. En la misma se planteó contar con documentos oficiales, pedimos acceso a los sumarios administrativos y de la Policía, las investigaciones internas, los informes de Inteligencia y datos del Ministerio de Gobierno vinculados a lo que fue la represión pero aún cuando el gobernador prometió poner a disposición esa documentación, no nos fue entregada violando el derecho al acceso de la información que garantiza la Convención Americana de derechos Humanos. Señalamos al ex Gobernador Binner, quien hizo campaña prometiendo justicia en estos casos, que la falta de compromiso que demostró con la cuestión favoreció a que quien fuera el gobernador de la Provincia Carlos Reutemann, los funcionarios políticos a cargo de la seguridad como Enrique Álvarez y a otros funcionarios policiales que fueron responsables de las muertes de Juan Delgado, Yanina García, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Graciela Acosta y Claudio Leprati, permitiendo que puedan seguir ejerciendo la función pública en distintos ámbitos y caminar por la calle como si nada hubiera sucedido.
Gobernador Antonio Bonfatti, teniendo en cuenta su interés por la cuestión ya que su campaña tenía como fondo la canción del ángel de la bicicleta y enterados que hay un proyecto que pide declarar de interés provincial las actividades a 10 años del diciembre trágico creemos que seria de suma importancia que el gobierno provincial tomara la decisión política de juzgar a los responsables de la masacre de diciembre y poner la documentación existente a disposición de la justicia. Pedimos que se declaren de interés provincial los juicios iniciados a los represores de diciembre de 2001 y se abra una investigación administrativa para los funcionarios políticos a cargo de la seguridad para posteriormente aportar pruebas a la justicia.
Entendiendo la continuidad Jurídica del Estado y la responsabilidad que le cabe en cuanto a la impunidad de estos hechos ya que el Estado esta obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos y si el estado actúa de manera que tal violación quede impune puede afirmarse que ha incumplido con su obligación de respetar los derechos de toda una sociedad que clama justicia. La inexistencia de una investigación judicial y administrativa seria y exhaustiva entraman una denegación de justicia que constituye una violación a los derechos humanos y garantías asegurados por la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos.

A 10 años de los crímenes de diciembre de 2001 solicitamos que tome las medidas necesarias para no seguir afianzando la impunidad.