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Los colonos israelíes han traspasado una línea que en Israel se paga caro: enfrentarse con el ejército. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha instado este martes a sus mandos militares a que detengan con la mayor diligencia posible a la cincuentena de colonos radicales que a primera hora de la mañana se han infiltrado en la base militar de Efraín, en el noroeste de Cisjordania. Allí han lanzado piedras y botes de pintura, han quemado llantas y han herido levemente a un oficial del puesto. Querían intimidar a los soldados para evitar que estos ejecutasen las órdenes de demolición dictadas por la Corte Suprema israelí sobre los llamados outposts, puestos de avanzada hechos con casetas destartaladas y embriones de futuros asentamientos o colonias.

“La situación es intolerable”, ha dicho hoy Netanyahu, “caerá sobre ellos todo el peso de la ley”. Unas declaraciones que, sin embargo, contrastan con sus propias políticas, que han permitido la proliferación de estos asentamientos ilegales, cuna de gran parte de los extremistas.

Mientras estos colonos violentos protestan por una orden de demolición que aún no se ha llegado a ejecutar, la familia El-Abarra se ha vuelto a instalar por segunda vez en el terreno del que fueron expulsados hace diez años. Ismael El-Abarra clava con fuerza su pico en las piedras que obstruyen el camino hacia su casa. “El terreno es muy pedregoso, resulta muy difícil traer agua o venir por aquí con las ovejas”, dice este campesino palestino mientras le ayudan una decena de activistas de la ONG palestino-israelí, Ta'ayush (coexistencia, en árabe). Varios de sus miembros reconstruyen desde hace diez años los caminos y los pozos palestinos que el ejército destruye con sus excavadoras. “En los 90 vivían aquí cuatrocientas personas. El ejército demolió sus casas y terminaron marchándose”, comenta David Shulman, un profesor universitario.

De las cuatrocientos habitantes de Bir Al-Id, únicamente tres familias han regresado y solo tras una década de batallas legales en los tribunales israelíes. “En 2008 la Corte Suprema les permitió volver pero sin instalaciones eléctricas, ni pozos, ni caminos”, añade Shulman. “El objetivo es quitarles lo más esencial para que se vayan”, apunta a pocos metros Amiel Varbdi, un conocido activista de cuerpo menudo pero de fuertes convicciones. Con el dedo índice traza una línea en la palma de su mano. “Si sitúas los puestos de avanzada en un mapa verás que responden a un plan perfectamente trazado por los sucesivos gobiernos israelíes, el de anexionar a Israel los territorios cercanos a la Línea Verde —demarcación fronteriza previa a la guerra del 1967— construyendo lo que luego querrán anexionarse", explica.

El objetivo de esta política encubierta es utilizar estos embriones de futuras colonias como moneda de cambio para conservar los asentamientos más antiguos y poblados de la zona C (bajo administración y control militar israelí) que supone el 62% de Cisjordania, el área más rica en agua y recursos naturales de los territorios palestinos.

“Aquí está totalmente prohibido construir desde un inodoro hasta una placa solar o una escuela”, dice Carlos Sordo, cooperante de la ONG catalana SEBA que trabaja desde 2009 y en colaboración con la Universidad An Najah en Nablús, en la instalación de estructuras fotovoltaicas que suministran electricidad a las poblaciones campesinas beduinas repartidas por Cisjordania. "Para poder construir en el área C necesitas un plan de urbanización y desde los acuerdos de Oslo solo se han concedido cien permisos para las aldeas palestinas frente a las mil órdenes de demolición que pesan sobre ellas” asegura.

Abigail, a escasos kilómetros de Bir Al- Id, es uno de los puestos de avanzada sobre los que pesa una orden de demolición que se pospone de facto a lo largo de los años. “Dios quiere que seamos nosotros los que estemos aquí”, comenta Avital Lebanon, una colona madre de cuatro hijos y miembro de una de las veinte familias que viven desde hace siete años en este enclave de casetas de obra destartaladas, levantado sin un plan urbanístico legal pero consentido por el Ejecutivo.

Aquí viven los llamados colonos “ideológicos”, dispuestos a colonizar “la tierra prometida” porque se consideran los elegidos de Dios, al margen de cualquier ley terrenal; otros optan por trasladarse a estas minialdeas fantasma no tanto por cuestiones divinas sino porque vivir en ellas resulta mucho más barato. Engancharse gratis a la red eléctrica o tirar una tubería para extraer el agua de la parcela del vecino ciertamente supone un ahorro. “A ojos de la ley son ilegales pero el gobierno hace la vista gorda e incluso a algunos les da subvenciones”, añade Carlos Sordo, de SEBA.

Mientras tanto, la Unión Europea o la administración Obama llevan años lanzando el mismo mensaje: “los puestos de avanzada suponen un obstáculo para alcanzar un futuro acuerdo de paz”, un máxima que poco afecta al todo poderoso Consejo de Colonos, que representa a los 300.000 que viven en Cisjordania y respaldado por algunos ministros de la coalición gubernamental.

Cae la tarde en Bir Al-Id. Mientras los activistas e Ismael recogen las cuatro mujeres del campesino juegan en el exterior de su tienda con los benjamines de la prole (diez en total). Confían en que sea una noche tranquila. Con suerte ni el ejército ni los colonos de los outposts cercanos les destruirán lo que han levantado —los ataques de sus vecinos se han incrementado en un 40% respecto de 2010, según el último estudio de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). “Suelen venir de noche y cuando nos despertamos, o nos han destruido la cisterna o el generador de luz”, concluye Ismael.