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En un acto realizado hoy para dar a conocer cómo, por primera vez, Santa Fe arribó a la solución amistosa de un caso que tramitaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por vulneración de derechos de un ciudadano, que había denunciado su situación en esta instancia internacional, el gobernador Hermes Binner destacó que “la implementación de un nuevo sistema de juicio penal habla a las claras de que un nuevo caso Godoy va a ser muy difícil que se produzca en la provincia”.



El acto se llevó a cabo en el salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario, con la presencia de la Relatora de la Cidh para la Argentina, Luz Patricia Mejía; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; el subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis; y funcionarios de la Chancillería y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.



El nudo del conflicto es que a raíz del anterior Código de Procedimientos Penales se habrían vulnerado derechos de Rubén Godoy, condenado en una causa penal por un hecho ocurrido hace 19 años. Agotadas las instancias judiciales locales, Godoy recurrió a la Cidh, con sede en Washington, donde su petición fue contemplada ya que el Código anterior violaba tratados internacionales.



En la reunión de hoy se dieron a conocer los alcances del decreto que el gobernador firmó la semana pasada para rubricar las obligaciones del Estado provincial en torno a la solución definitiva del caso (de lo contrario a la Argentina le habrían cabido sanciones ya que aunque las vulneraciones de derechos se produzcan en las provincias, las sanciones internacionales se aplican a los países).



Lewis fue el encargado de detallar las recomendaciones al Estado provincial elevadas por la Cidh a fin de poder reparar la situación denunciada. Vale recordar que desde 2008 se realizaron una serie de reuniones para alcanzar un preacuerdo amistoso, al cual finalmente se arribó en agosto pasado. El mencionado preacuerdo ya ha sido homologado por la Cidh, en tanto el Estado santafesino terminó de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por un decreto del jueves pasado.



Las recomendaciones efectuadas oportunamente por la Comisión son cuatro: la revisión del caso penal en la justicia local, el desarchivo de la causa por los apremios ilegales denunciados por Godoy, disponer medidas legislativas y de otra índole para asegurar el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de derechos humanos, y la reparación de los daños.



En ese sentido, Lewis explicó que “desde el Ministerio se trazaron varias líneas de acción para todos los organismos del Estado involucrados en la solución de este caso, a fin de lograr el máximo compromiso de todos en el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión”.



“En cuanto a la primera recomendación –precisó– se utilizó el recurso de apelación previsto en el nuevo Código Procesal Penal, en cuanto a la segunda recomendación se le pidió al procurador general de la provincia que efectuase una investigación y al día de la fecha se logró el desarchivo de la causa iniciada por apremios ilegales y ya se están recibiendo pruebas. En cuanto a la tercera recomendación, se ha sancionado el nuevo ordenamiento procesal penal y además todas las normas que sean necesarias para ponerlo en funcionamiento, y sobre la cuarta recomendación, la provincia dictó una conmutación de pena a favor de Godoy para subsanar lo que le resta de su condena, se estableció una indemnización y además se le ofreció a Godoy líneas de trabajo y asistencia por tratarse de una persona recientemente liberada”, detalló Lewis.



El propio subsecretario de Asuntos Penales afirmó que este caso significa “un eslabón más que sube la provincia en el objetivo medular del Ministerio de ir acomodando las instituciones a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos”, al tiempo que subrayó que “uno de los ejes fundamentales de este gobierno provincial es el trazado de un sistema de justicia acomodado a las exigencias del derecho internacional”.



Por su parte, la relatora Mejía dijo que “el caso Godoy es el de muchos hombres y mujeres que fueron juzgados por una Justicia selectiva, que no permitía garantías procesales”, y añadió que “este caso refleja que no sólo se trata de una realidad provincial sino de toda una región marcada por leyes que criminalizaron a la pobreza y que siguen haciéndolo en muchísimos de nuestros países”.



“Nos ayudó a identificar un caso que estaba perdido en los archivos de una provincia y nos permitió convertirlo en un caso ejemplo para el resto de la región”, añadió.



En tanto, Superti hizo referencia a que hace cuatro años el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó un convenio con el Ilanud, que es el Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y hoy, al finalizar esta primera etapa de una gestión que continúa, se llegó a un acuerdo en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el marco de la Organización de los Estados Americanos.



“Evidentemente, hay un hilo conductor en todo esto, por un lado la idea de buscar soluciones negociadas a los problemas y evitar los litigios, y éste precisamente fue el espíritu que marcó la gestión como proyección para resolver los conflictos interpersonales que surgen en cualquier comunidad”, señaló y en ese sentido indicó la puesta en marcha de la mediación civil y comercial obligatoria, la mediación penal en los Centros de Asistencia Judicial y la mediación comunitaria en los nuevos juzgados de pequeñas causas.



“La otra línea conductora –siguió Superti- fue la reivindicación de los derechos humanos en todos los niveles, y hoy nos toca poner el acento en lo que tiene que ver con la justicia penal”. El ministro de Justicia explicó que “esta gestión enfrentó la difícil y compleja tarea de cambiar los sistemas de enjuiciamientos penales en la provincia. La implementación fue difícil pero cruzamos la mitad del río y ya avizoramos la costa”, dijo, para destacar que “con la implementación del nuevo proceso penal estamos constitucionalizando el sistema”.



Finalmente, el gobernador Binner señaló: “Nos propusimos hace cuatro años cambiar y hoy podemos lucir los resultados de numerosas transformaciones que se hicieron en la provincia. La primera de ellos fue no ser buenos administradores del viejo Estado, sino cambiar al Estado, lo que incluye el Plan Estratégico, la descentralización, la participación ciudadana a fin de configurar una forma más sencilla de gobernar la provincia”.



Binner destacó que el cambio en la Justicia tuvo un significado especial. “De una Justicia penal inquisitiva pasamos a una Justicia acusatoria, con un sistema que es un avance extraordinario, con la incorporación del juicio oral, además de la mediación y las pequeñas causas”. Continuó señalando que “las muestras que hemos obtenido hasta la fecha sobre lo racional de este nuevo sistema hablan a las claras de que un nuevo caso Godoy va a ser muy difícil que se produzca en la provincia”.



“El caso Godoy es significativo para este gobierno, porque desde un primer momento se decidió avanzar sobre el caso y hoy, antes de terminar esta gestión, tenemos resultados auspiciosos para el futuro de la Justicia en esta provincia”, explicó el gobernador. “Creo que hemos avanzado en el logro de una provincia con mayor visibilidad de la que tenía hasta el presente, y creo que estamos en un camino de seguir creciendo con solidaridad, participación y transparencia”. Finalizó diciendo que “en Santa Fe se produjo un cambio cultural fundamental en cómo entender la cosa pública”.



Del acto participaron además la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; el secretario de Justicia, Roberto Vicente; el secretario de Transformación de los Sistemas Judicial, Carlos Giandoménico, el fiscal del Estado, Jorge Barraguirre; el defensor regional Gustavo Franceschetti y el fiscal regional Jorge Baclini, entre otras autoridades.