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El Fondo Monetario Internacional (FMI), denostado por el kirchnerismo en múltiples oportunidades, se tomó una pequeña revancha. Sin estridencias, se limitó a rechazar un pedido que le cursó el juez en lo Penal Económico número 4, Alejandro Catania, sobre el origen de los datos de inflación de la Argentina que utiliza la entidad para elaborar sus informes.

Fue en el marco de la causa en la que se investiga una denuncia penal presentada por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, contra consultoras privadas que realizan una estimación alternativa del índice de precios al consumidor. En la misma investigación se cursaron polémicos pedidos a periodistas.

A través de una nota remitida al juez, el Departamento Jurídico del organismo multilateral le comunicó que “los archivos del FMI son inviolables” y que el representante de la entidad en el país “goza de inmunidad en cuanto a procedimientos judiciales en relación con las palabras escritas o habladas”.

Fuentes judiciales explicaron a Télam que, según el FMI, “en vista de estos y otros privilegios e inmunidades el FMI y su representante residente en la Argentina no están obligados a responder el oficio de referencia”.

El juez Catania lleva adelante la causa en la que se investiga la denuncia presentada contra la consultora Melconián & Santángelo (M&S) -de los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo-, por la publicación de informes sobre datos de inflación que adolecen de rigor científico, según la mirada oficial.

La denuncia presentada por la Secretaría sostiene que la publicación de esos informes tenía por objetivo beneficiar a agentes del mercado financiero, en desmedro de los consumidores argentinos en su conjunto y del Estado Nacional.

Ante esto, el juez Catania dio cursó -a mediados de septiembre- al pedido formulado por la fiscal Carolina Robiglio, que impulsa la investigación promovida por la Secretaría de Comercio Interior, para que el FMI realice determinadas precisiones relacionadas con la causa.

Las cuestiones sobre las que debía informar el FMI hacían eje sobre “los parámetros” que utiliza para la confección de sus informes sobre datos de inflación en Argentina, si en los informes emitidos entre los años 2006 y 2011 tuvo en cuenta estimaciones formuladas por M&S Consultores y, por último, si en ese tiempo mantuvo reuniones de trabajo o de requerimiento de opinión o de información sobre la Argentina con los titulares de la consultora.

En septiembre, Catania requirió a El Cronista y a otros diarios de la Capital Federal datos de los periodistas que escriben sobre índices inflacionarios. Instó a informar, en el plazo de cinco días, si este medio había ‘facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o a Carlos Melconián o Rodolfo Santángelo, desde el año 2006 hasta la fecha”.
También pidió ‘suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas –editores, redactores– que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios” a partir del año 2006.
Además de M&S, Moreno querelló a la consultora de Orlando Ferreres. Los acusa de infringir el artículo 400 del código penal, que castiga los “fraudes de comercio e industria”. Además, emitió multas por $ 500.000 a una docena de consultoras por difundir datos de inflación alternativos.