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La creciente tensión instalada en la relación entre la presidenta Cristina Fernández y Hugo Moyano agudizó en las últimas semanas la preocupación de los principales gremios de la CGT por el impacto de esa disputa en la ya complicada situación financiera que atraviesan las obras sociales sindicales y en las demoras del Gobierno en el pago de reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE) por los tratamientos médicos de alta complejidad. Frente a esos temores, y a la reiterada negativa oficial a distribuir entre las obras sociales los cerca de $ 10.000 millones acumulados en el denominado Fondo Solidario de redistribución (FSR), referentes de la conducción cegetista comenzaron a evaluar alternativas para hacerse de fondos frescos que permitan equilibrar las cuentas de sus prestadoras médicas.

Esas propuestas contemplan desde la insistencia en el reclamo al Gobierno por la distribución de unos $ 1.500 millones, en concepto de reintegros adeudados, y hasta una reforma integral del sistema en cuanto a los tratamientos de alta complejidad, de manera de que los beneficiarios reciban en forma personal y directa el subsidio, eliminando la intermediación de la APE y las obras sociales.

"Muchas obras sociales enfrentan una situación crítica y se están financiando con los recursos sindicales porque la APE está pagando la mitad de los reintegros que debe financiar por mes", explicó uno de los dirigentes de la CGT que busca soluciones para complejo escenario que enfrenan las prestadoras médicas sindicales.

El gremialista estimó que el rojo que acumulan las obras sociales alcanza a $ 1.500 millones por demoras en el pago de reintegros y advirtió que sin el cumplimiento en los pagos de la APE se complicará la atención de los servicios. En ese sentido, propuso que sea directamente el Estado el que financie los tratamientos médicos de alta complejidad, sin la intervención de las obras sociales.

Según explicó, la intención sería modificar el sistema actual en el que las entidades sindicales pagan los tratamientos y luego solicitan el reintegro de la APE por un mecanismo que permita a cada beneficiario cobrar personalmente un subsidio estatal y posteriormente pagarle a la obra social la correspondiente atención médica o los respectivos medicamentos. "Así se evitaría toda la intermediación, las demoras en los pagos y las irregularidades en los reintegros", apuntó el gremialista.

La pelea por los fondos que reclaman las obras sociales ha sido en los últimos años un tema recurrente en la relación entre el Gobierno y los gremios. En abril pasado la Casa Rosada prometió a Moyano distribuir este año a las prestadoras sindicales una deuda de $ 1.000 millones en cuatro tramos, pero solo cumplió con la cuota inicial de $ 250 millones. A medida que se acentuó la disputa con el líder cegetista, el Ejecutivo suspendió los restantes pagos.

En el medio, algunas versiones deslizaron la posibilidad de que el Gobierno avance con un plan de estatización de las obras sociales, como ocurrió años atrás con las AFJP, pero dentro de la CGT rechazan esa posibilidad, al advertir que es imposible modificar un sistema que brinda atención médica a más de 18 millones de personas.