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Lejos de cualquier tipo de ortodoxia fiscal y sin apartarse en un renglón del manual kirchnerista para manejar la economía, el Gobierno tiene previsto utilizar todos los recursos que obtenga a partir del recorte en los subsidios a la luz, el gas, el agua y el transporte a la inversión en obra pública, una de las patas del modelo K desde 2003.

Así lo confirmó ayer el ministro de Planificación, Julio de Vido, principal responsable de la administración de esos fondos: “Se abre una nueva en la que se busca individualizar a quién se subsidia, no para generar ahorro, sino para redistribuir el ingreso, invertir en las comunidades y los sectores más necesitados”.

De Vido, uno de los hombres fuertes del Gabinete de Cristina Fernández –ladero del ex presidente de Néstor Kirchner desde sus comienzos en funciones ejecutivas y con una exposición pública en alza durante las últimas semanas– no podría haber elegido mejor auditorio para volcar esa confirmación. Fue ayer, en el marco de la 59´ Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que reúne a los principales contratistas del Estado.

Poco después, agregó que “aquellos subsidios que se volcaron al consumo interno y que potenciaron el crecimiento ahora los redireccionaremos para que lleguen a todos los sectores que lo necesiten”.

Dos horas más tarde, ante el mismo auditorio, la Presidenta refrendó el concepto. “Eliminar los subsidios no implica ahorro para el Estado, sino reorientación de la inversión”, confirmó.

El ahorro concreto hasta el momento por quita de subsidios, que comenzará a regir entre diciembre y enero, es de $ 4.600 millones, integrados de la siguiente forma:
n $ 3.467 millones por la quita total de subsidios a refinadoras de combustibles, procesamiento de gas, biocombustibles, aceites y agroquímicos que regirán desde el jueves.
n $ 600 millones a partir de la quita de subsidios a bancos, financieras, compañías de seguros, juegos de azar, aeropuertos internacionales, terminales fluviales, empresas de telefonía celular, actividades extractivas de hidrocarburos y minería, también desde diciembre.

n $ 569 millones por la reducción del aporte estatal que reciben vecinos de Barrio Parque, Puerto Madero y los countries de todo el país, a partir de enero.

Pero los recursos podrían ser mucho mayores y engrosarían el presupuesto de $ 42.000 millones para obra pública previsto para 2012. De acuerdo con las estimaciones, el aporte estatal en subsidios llegará este año al récord de $ 70.000 millones, por encima del 4% del PBI. Aunque no hay un número oficial preciso, con el plan para reducir drásticamente las transferencias públicas a sectores privados se podrían recortar, en principio, unos $ 20.000 millones.

En la vereda opuesta, si el Gobierno sigue al pie de la letra su manual, engrosará el rojo de sus números. En octubre, de acuerdo con cifras oficiales, registró un déficit financiero de $ 2.977 millones, a pesar de haber recibido un auxilio de $ 3.368 millones por parte de la ANSeS, debido a un incremento del gasto y a erogaciones de deuda. Desde enero el déficit fiscal ya llega a $ 8.259 millones.

De Vido también confirmó que a partir de enero comenzarán a llegar a los usuarios de servicios públicos la declaración jurada para optar por retener el subsidio. Si bien no dio precisiones con respecto a qué parámetros se utilizarán para definir la continuidad o no de los aportes estatales, sostuvo que en la papelería que enviará el Gobierno figurarán las variables que se tomarán en consideración.