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Más allá del ahorro que le generará al Gobierno el plan para reducir subsidios a la luz, gas y agua que puso en marcha en las últimas semanas, la iniciativa le reportará un beneficio fiscal adicional a las arcas nacionales, las provincias y los municipios. Se trata de un fuerte incremento en la recaudación por impuestos y otros gravámenes, un aspecto que casi no se tocó por parte de los interlocutores oficiales, pero dejará su huella en las arcas públicas.

Hay un cálculo que goza de consenso en el sector eléctrico: los subsidios para moderar los aumentos en los precios de la luz que pagan los usuarios de todo el país (en mayor o menor medida todos los consumidores cuentan con la subvención del Estado) se llevarán este año unos $ 35.000 millones de las arcas públicas. Si esos fondos, que aparecen discriminados en las facturas, se incorporan en el monto a pagar por parte de los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires –la intención oficial es que eso ocurra con la mayoría, si bien habrá múltiples excepciones–, se les aplicará, en promedio, entre un 30% y un 35% de impuestos que hoy no se tributan.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el número sería incluso mayor debido a que hay una mayor cantidad de gravámenes que se cobran a través de las facturas de luz. Y lo mismo se repetiría en las provincias.

En el Gobierno reconocieron que la quita de subsidios implica un aumento en la erogación de los usuarios por impuestos. Pero insistieron en que “no somos los encargados de fijar el IVA (un atributo del Congreso, como el resto de los impuestos) ni los tributos provinciales o municipales”.

Los fondos adicionales para la administración pública, que en una hipótesis de máxima alcanzarían los $ 10.000 millones, saldrían de los consumidores, desde los residenciales hasta las empresas, y tendrían como destino principal la AFIP (por el IVA), las gobernaciones, los municipios y la provincia de Santa Cruz.

De manera similar, pero con números más chicos, ocurrirá en el caso del servicio de agua corriente, sólo en las zonas en que Aysa es la operadora.

Hoy, un usuario que consume un promedio de 421 kilowatts/hora (es un consumo moderado, para un matrimonio, por ejemplo) en la Ciudad de Buenos Aires paga una boleta de $ 49,42, con un subsidio de $ 98,51. Del monto a pagar, $ 33,96 corresponden al uso del servicio eléctrico, mientras que $ 15,46 son impuestos y otros gravámenes. Tiene, por ejemplo, una sanción de $ 6 por el programa de uso eficiente de la energía (PURE).

Si ese domicilio tuviera el mismo consumo de electricidad pero no contara con los subsidios, como ocurrirá con quienes vivan en Barrio Parque, en Puerto Madero y en countries a partir del 1´ de enero del año que viene, debería desembolsar $ 175,48. El monto, 3,5 veces más que el anterior, disimula un salto gigantesco en los impuestos: pasarán de $ 9,50 a $ 37,05; es decir, más de cuatro veces más.

En el mismo caso, el Gobierno será el mayor beneficiado con la suba de impuestos. Así, la AFIP pasará a cobrar $ 27,81 por el 21% de IVA, por encima de los $ 7,13 que percibe sin subsidios. Mientras que la provincia de Santa Cruz, beneficiada con un aporte que se cobra en las facturas de electricidad, recibirá $ 0,8 contra los $ 0,2 actuales.
Indirectamente y sin pedirlo, la jefatura de Gobierno de la Ciudad, en manos de Mauricio Macri, también resultará favorecida, dado que percibe un 6,383% sobre el subtotal por servicio eléctrico. Su ingreso se multiplicará casi por cuatro, de $ 2,17 a $ 8,45.
Algo similar ocurrirá con el resto de los municipios, que perciben una parte de sus ingresos a través del cobro de la factura de luz.

Si bien los aumentos de impuestos quedarán, en parte, diluidos por el incremento del monto total a pagar, llegarán casi a equiparar el valor que se paga hoy por la energía por todo concepto.