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LT10 - Actúa de oficio
Martes 15 de Febrero de 2011 - 21:55 hs
La Justicia pidió datos al Gobierno y Embajada de EEUU
El juez en lo penal económico, Ezequiel Berón de Astrada requirió al canciller Héctor Timerman, a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y a la Embajada de EEUU "toda la información que posean" sobre el episodio que generó un nuevo roce diplomático.
Berón, que descartó "por el momento" llamar a declarar al canciller Timerman, también le pidió al Gobierno y a la Embajada de EEUU detalles sobre el convenio de cooperación de seguridad entre ambos países, luego que se conociera que las armas y otros elementos encontrados en el avión tenían como fin ser utilizados en el entrenamiento de personal del Grupo GEOF de la Policía Federal.
Además, hoy se presentó ante el magistrado la cúpula de la Aduana. En esa instancia sólo prestó declaración testimonial Pedro Roveda, Subdirección General de Técnico Legal quien se presentó junto al jefe de la Aduana, Daniel Santana y la directora general, María Siomara Ayerán. Todos se reunieron con el juez y el fiscal.
Berón informó en declaraciones televisivas que, según los funcionarios, la lista con el detalle del material incautado aún no fue enviada porque falta realizar pericias de elementos que están precintados en containers. Por otra parte, según el juez, desde la Aduana se comprometieron a entregar durante el día de hoy un listado provisorio.
Los funcionarios también le explicaron a los investigadores judiciales que no enviaron al juzgado la información sobre el episodio luego de considerar que "no hubo infracción aduanera ni ilícito alguno" sino que se habrían producido infracciones al Código Aduanero, como declaraciones inexactas (artículo 954) y transgresiones al régimen de equipaje (artículo 977), hecho por el cual la Justicia debió actuar de oficio.
El juez Berón de Astrada ya le había solicitado a la Aduana un "informe detallado" con "carácter de urgente" sobre el cargamento que llevaba el avión militar estadounidense demorado en Ezeiza al tiempo que admitió que "hasta ahora es más una cuestión diplomática que judicial". A través de un oficio, le había requerido información "de manera detallada cantidad, calidad y naturaleza de los elementos que fueran objeto de la imposición de medidas cautelares".
"Podría haber contrabando de armas o drogas si no estaban declaradas, pero quiero suponer que no existe tal cosa porque sino se tendría que haber actuado de oficio. Hay que determinar si el material fuera del manifiesto es ilícito o no", indicó Berón.
Asimismo, afirmó que le solicitó a la Aduana "el original de la destinación de la admisión temporal oficializada en relación a la mercadería a la que se alude en la nota 662/2011 DI ADEZ", el tiempo que el avión iba a permanecer en el país y el listado de las personas que integraban la tripulación. También pidió el listado del personal de la Aduana, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Cancillería y de la Embajada de los Estados Unidos que formaron parte del procedimiento.
El avión estadounidense transportaba personal y material para entrenar a personal del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal. Según la Cancillería argentina, el avión contenía armas y medicamentos que "no figuraban en el listado 'de buena fe' provisto por la Embajada" norteamericana.
Además, hoy se presentó ante el magistrado la cúpula de la Aduana. En esa instancia sólo prestó declaración testimonial Pedro Roveda, Subdirección General de Técnico Legal quien se presentó junto al jefe de la Aduana, Daniel Santana y la directora general, María Siomara Ayerán. Todos se reunieron con el juez y el fiscal.
Berón informó en declaraciones televisivas que, según los funcionarios, la lista con el detalle del material incautado aún no fue enviada porque falta realizar pericias de elementos que están precintados en containers. Por otra parte, según el juez, desde la Aduana se comprometieron a entregar durante el día de hoy un listado provisorio.
Los funcionarios también le explicaron a los investigadores judiciales que no enviaron al juzgado la información sobre el episodio luego de considerar que "no hubo infracción aduanera ni ilícito alguno" sino que se habrían producido infracciones al Código Aduanero, como declaraciones inexactas (artículo 954) y transgresiones al régimen de equipaje (artículo 977), hecho por el cual la Justicia debió actuar de oficio.
El juez Berón de Astrada ya le había solicitado a la Aduana un "informe detallado" con "carácter de urgente" sobre el cargamento que llevaba el avión militar estadounidense demorado en Ezeiza al tiempo que admitió que "hasta ahora es más una cuestión diplomática que judicial". A través de un oficio, le había requerido información "de manera detallada cantidad, calidad y naturaleza de los elementos que fueran objeto de la imposición de medidas cautelares".
"Podría haber contrabando de armas o drogas si no estaban declaradas, pero quiero suponer que no existe tal cosa porque sino se tendría que haber actuado de oficio. Hay que determinar si el material fuera del manifiesto es ilícito o no", indicó Berón.
Asimismo, afirmó que le solicitó a la Aduana "el original de la destinación de la admisión temporal oficializada en relación a la mercadería a la que se alude en la nota 662/2011 DI ADEZ", el tiempo que el avión iba a permanecer en el país y el listado de las personas que integraban la tripulación. También pidió el listado del personal de la Aduana, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Cancillería y de la Embajada de los Estados Unidos que formaron parte del procedimiento.
El avión estadounidense transportaba personal y material para entrenar a personal del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal. Según la Cancillería argentina, el avión contenía armas y medicamentos que "no figuraban en el listado 'de buena fe' provisto por la Embajada" norteamericana.
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