El magistrado consideró que hay pruebas necesarias para imputarle el delito de malversación de caudales públicos y ordenó trabar un embargo al ex funcionario kirchnerista por 500.000 pesos. Además, el juez también procesó sin prisión preventiva a los ex empleados de la Superintendencia Fernando José Scopinaro y Osvaldo Cochlar, y al ex Gerente de Asuntos Jurídicos del organismo Agustín Ballesteros.
El ex funcionario quedó imputado ?de haber intervenido en su carácter de Titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, en la tramitación del expediente nº 118.997/07 en el cual dictó, con fecha 27 de diciembre de 2007, la Resolución 806/7".
Según se desprende de la foja 16, Oyarbide aseguró que la SSS no tenía atribución para repartir fondos para programas de salud. "La distribución a 52 obras sociales de 47.744.650 de pesos para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades afectó a la administración pública", en tanto que "la reglamentación que rige para la Superintendencia no prevé entre las funciones de dicho organismo la disposición de fondos para ser aplicados a programas preventivos de salud".
Pero además, según describió Oyarbide en la página 38 del fallo de 48 carillas, Capaccioli "autorizó gastos (con la 'caja chica' de la Superintendencia) que se encontraban por fuera del destino para el que fuera reglamentariamente se hallaban previstos".
Además, sostiene que por el cargo de "máxima autoridad" del organismo "de modo alguno podría sostener que desconocía el reglamento que rige al funcionamiento de las cajas chicas del organismo, motivo por el cual cabe concluir en su actuar se encuentra presente el elemento volitivo (voluntad) y cognoscitivo (conocimiento) que configuran el dolo requerido por figura típica señalada".
En la resolución, el juez incorporó un listado con algunos de los gastos injustificados pagados con dinero de la caja chica de la Superintendencia desde mayo de 2007 a septiembre de 2008. Allí, figuran "almuerzos de trabajo" y "presentes de cortesía" que van pagaba entre 1.400 pesos y 6.200 pesos mensuales. Las facturas son de empresas como La Piedad (confitería), Faisan, La Catedral, Polo Ralph Lauren, Ossira, Alparamis, Falabella, Las Dalias, Grimaldi, Deyche S.A (Winery), La Tablita, Kummel y Platería Criolla, entre otras.
Capaccioli -según determinó el juez- hasta utilizó dinero público para gastos personales que van desde ropa de marca, objetos tales como una lupa de 500 pesos, un llavero de 350, una cuna, mates, bombillas marca "Cardon", y hasta una caja de bombones declarada como "regalo a un diputado".
Si bien Oyarbide remarcó que el reglamento de la caja chica permite gastos reservados (como el de "gastos de homenajes y cortesía"), consideró que Capaccioli cruzó los "límites reglamentariamente establecidos".
En la página 23, argumentó: "Lejos de ser hipotético ha sido materializado (el delito) y se acredita mediante una factura en la se asienta la adquisición de una caja de bombones "para regalo de un diputado".
En esa misma carilla, advirtió: "No es lo mismo obsequiar una plaqueta conmemorativa a una persona por sus antecedentes, desempeño o el prestigio que se tenga ganado, que obsequiar un strapless drapeado de Ossira, sólo por considerar que sería del agrado de la persona destinataria".
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.