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Con el visto bueno de la Casa Rosada, pero instrumentado por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, el Gobierno redobló desde el 1´ de febrero la estrategia para congelar los precios de bienes y servicios clave para el funcionamiento de la economía. En particular si están en manos de un grupo concentrado.

La secretaría de Comercio Interior publicó ayer en el Boletín Oficial dos resoluciones que apuntan la dirección del nuevo embate oficial. La resolución 13 retrotrae el precio de los combustibles al 28 de enero, en respuesta a un aumento promedio en las naftas y el gasoil menor al 3% aplicado por Shell. Y la 14, según la cual los precios de los productos siderúrgicos deben volver a los valores del 21 de enero, en un táctico contraataque a un movimiento comercial de Siderar, una de las empresas del grupo Techint, de Paolo Rocca.

En ambos casos el sustrato legal es la Ley de Abastecimiento, un cuestionado argumento jurídico de los años 70.

El Gobierno, además, puso en marcha un operativo para obligar a Cablevisión –la prestadora del servicio de televisión por cable del grupo Clarín– a suspender el aumento de 17% en sus precios. Moreno envió ayer inspectores para corroborar si la empresa cumplió con la resolución 50 de esa cartera, que está cuestionada en la Justicia, para calcular los nuevos abonos.

Pero los casos de Shell, Techint y Cablevisión son sólo tres ejemplos de una estrategia sistemática que desplegará el Gobierno en los próximos meses del año electoral, para contener la escalada de precios.
Una fuente oficial confirmó a El Cronista que “el plan de este año es ir caso por caso, verificando cuando aumente cada empresa, estudiándolo y aplicando sanciones si no cumplen con lo acordado. No queremos aumentos con fines políticos.

Tras el retorno de sus vacaciones (ver aparte), Moreno desplegó el mismo discurso por diversos despachos privados desde el lunes. Entre otros, se puso en contacto telefónico con los timoneles de los laboratorios Bayer, la fabricante de insumos para la protección de cultivos Syngenta, la productora de polietileno Dow y la petroquímica Cuyo para reclamarles que mantengan los acuerdos de precios tácitos convenidos en diciembre. En aquella oportunidad había acordado con diversos sectores subas escalonadas para el primer trimestre.
Petroken, otra firma petroquímica dedicada a la fabricación de polipropileno, un insumo muy utilizado en la industria automotriz, recibió una dura reprimenda de Moreno porque aumentó los precios en las últimas semanas. La empresa justificó la decisión en una suba de materias primas. Frente a eso, el titular de Comercio Interior le reclamó el nombre de sus proveedores con la intención de presionarlos para que bajen los precios, explicó un empresario de diálogo frecuente con el funcionario, que pidió reserva.
Las empresas de medicina prepaga también están en la lista de sectores a “consultar” que Moreno tiene en su poder. Los citaría en los próximos días a su despacho. Este sector aplicó aumentos en torno al 15% en enero.
Empresas enemigas
El heterodoxo plan oficial contra la inflación tiene ribetes políticos: apunta también a estigmatizar a empresas “enemigas del Gobierno” de acuerdo con la consideración oficial. El ministro Amado Boudou, por caso, comparó ayer el aumento de Cablevisión con los de Shell y Techint. Luego observó que “(las empresas) están intentando hacer aumentos de precios que no se condicen con la situación macroeconómica de la Argentina; entonces esto no es inflación, es aprovechamiento de empresas para jorobar a los consumidores”.
Un día antes, el ministro de Planificación, Julio de Vido, había asegurado que los aumentos de Shell tenían una “intencionalidad política