Con el arribo de la pandemia de coronavirus al país y a la provincia, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe debió "formatearse". Los reclamos a los que los empleados de la repartición estaban más acostumbrados, vinculados a las tarjetas y a la actividad bancaria- cambiaron sustancialmente.
En diálogo con LT10, el titular de la institución, Raúl Lamberto, comentó que durante las primeras semanas de la cuarentena, "fue excluyente la cuestión social", relacionada con la necesidad de bolsones de alimentos para las personas más vulnerables, y sobre todo con "las dificultades que presentaba el Ingreso Familiar de Emergencia" para aquellos que no estaban bancarizados o no tenían acceso a Internet, y por lo tanto tenían problemas para cobrarlo o gestionarlo.
Con el transcurso del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se presentaron problemas de vivienda; básicamente, inconvenientes con contratos de locación o mudanzas.
Y más adelante, comenzaron a arreciar los pedidos de circulación y de retorno a casa de santafesinos que se encontraban en otras provincias, o incluso fuera del país. "Tuvimos que traer a personas con discapacidad porque el tiempo no daba para seguir prolongando su estadía en otros lugares", ejemplificó Lamberto, y destacó que esas acciones se llevaron a cabo con personal y vehículos de la propia Defensoría.
"Hemos tenido situaciones dificiles", admitió, no obstante lo cual, remarcó: "ojalá todos hayamos aprendido; para la Defensoría, ha sido una experiencia hermosa".