Un juzgado de Garantías de San Isidro fue designado por la Corte Suprema de Justicia para investigar al empresario kirchnerista Cristóbal López en una causa en la que fue denunciado por diputados de la Coalición Cívica (CC) por presuntas irregularidades en la instalación de casas de juegos de azar en la provincia de Buenos Aires.
La Corte resolvió una cuestión de competencia planteada entre la Justicia federal de la Capital Federal y la ordinaria de la provincia, ante una presentación formulada el año pasado por los legisladores Juan Carlos Morán, Walter Martello y Maricel Etchecoin Moro.
Según analizó el procurador general adjunto Luis González Warcalde, "las conductas denunciadas se refieren a la compra del bingo de Los Polvorines, a la posibilidad de trasladar esta sala de juegos a una localidad más rentable del norte del conurbano, a la violación de la norma contractual en perjuicio de una empresa a raíz de la instalación de salas de bingo en el partido de Tigre".
También "a una propuesta que le habría hecho al Instituto de Lotería y Casinos bonaerense a cambio de desistir de la acción legal que había iniciado por aquella violación".
La denuncia de los legisladores de la CC indica que "las maniobras estarían encauzadas a la distribución del negocio del juego en la provincia de Buenos Aires, entre las empresas privadas y el denunciado López, y a la obtención de la habilitación para la instalación de tragamonedas en los hipódromos y agencias hípicas de la misma provincia, todo con la colaboración de autoridades del gobierno bonaerense e institutos provinciales".
El procurador compartió el criterio según el cual "no se advierte ninguna circunstancia que habilite la jurisdicción federal, de naturaleza excepcional y restringida, pues la intervención de ese fuero está condicionada a la existencia de hechos que puedan perjudicar directa y efectivamente a la Nación".
"Y esto aún cuando se pudiere demostrar eventualmente que en estas maniobras -de ser delictivas- jueguen su influencia o se 'asocien' a sus beneficios, funcionarios nacionales", completó.
La Corte compartió el criterio y, con las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, remitió el expediente al juzgado de Garantías número uno de San Isidro, a cargo del magistrado Ricardo José Costa.
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