El 29 de octubre de 2019, Lautaro Saucedo, de 17 años, intentó asaltar a una mujer en barrio Guadalupe. El menor —se supo después— desistió del robo porque la víctima se resistió. El episodio fue divisado por un policía que estaba de civil, cumpliendo funciones de custodio en un negocio, quien persiguió al chico y le disparó por la espalda. Lautaro murió horas después en el hospital Cullen.
El autor del disparo, Francisco Aldo Olivares, quedó detenido ese mismo día y seis días después se le dictó la prisión preventiva. Ahora, la Justicia de segunda instancia resolvió confirmar esa medida, por considerar los fundamentos en torno a la misma "razonables, atinados y adecuados".
Pero además, en el fallo el juez Fabrio Mudry cuestiona fuertemente al imputado, que afronta el cargo de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por haber abusado de su función como integrante de una fuerza de seguridad.
Alterar la escena y presionar testigos
Para denegar la prisión domiciliaria a Olivares, Mudry hace suyas manifestaciones de la Fiscalía y recuerda que el policía quiso "alterar la escena del hecho, al haber presumiblemente 'plantado' dinero en la misma". También —indica el magistrado— "de alguna manera intentó presionar a la víctima del hurto y a un testigo presencial".
Por otra parte, el juez cuestiona el trabajo que estaba desempeñando Olivares en el momento previo a la persecución del menor. "Es un verdadero 'agujero negro' la existencia de este tipo de servicios en los que personal policial presta 'servicios de custodia'", advierte, y considera "acertado y cercano a la realidad" calificarlos como "ilegales", y no "bajo el eufemismo de 'informal'".
"Considero que merece este punto una investigación más profunda. Luce sumamente llamativo que un agente policial que presta servicios en la Unidad Regional V (Rafaela, Departamento Castellanos) en lo que entiendo se trata de un área de comunicaciones que tiene cada unidad regional, estuviera acompañando un reparto privado con el arma policial, de civil, en la ciudad de Santa Fe", sostiene, y finaliza: "sobre este particular, y dada la posible existencia de una línea de responsabilidades jerárquicas por encima del propio imputado, se remitirán los antecedentes al fiscal que corresponda".