El juez federal Sebastián Casanello dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa conocida como M&P, en la que se investiga al empresario Lázaro Báez y a dos de sus hijos por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales a Télam.
En este expediente se investigan maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en la firma Austral Construcciones a través de M&P, otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.
Casanello solicitó la elevación a juicio del expediente, que tiene 14 imputados, entre los que se encuentra Báez y sus hijos Luciana y Martín, en la causa por la cual el empresario contratista de obra pública sigue detenido con prisión preventiva.
“Hacia fines de 2015 y mediados de 2016, de sociedades de dudosa actividad comercial a través de las cuales, mediante la simulación de operaciones comerciales, se habría intentado justificar la inyección de dinero de procedencia ilícita a las empresas del grupo Báez, a nivel local”, sostuvo el juez en su auto de elevación a juicio.
En la resolución, el magistrado citó el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan en el que se indicaba que en la causa se investiga a los Báez y otras personas por “haber puesto en circulación en el mercado dinero negro proveniente de hechos ilícitos cuyo monto ascendería a una suma superior a los $127.624.184”.
Las maniobras se hicieron “mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de julio del año 2016, con el objeto de convertirlo e integrarlo al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad y cortar todo lazo con los ilícitos que lo generaron”, había sostenido el fiscal.
“Consistieron en la canalización de ese dinero a través de distintas sociedades, dentro de las que se encuentran la firma Indigo SA, Recaudaciones Computarizadas SA, Proydesa SA, Karnix SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL, Catahu SA y Xhoris SA.
Todas esas firmas realizaron diferentes transferencias bancarias a favor de “M&P SA” –cuyos accionistas y responsables son Martín Báez, César Andrés y Luciana Báez- y de “Austral Construcciones SA”, propiedad de Lázaro y Martín Báez, según se dictaminó.