El Gobierno resolvió este miércoles suspender la audiencia pública que iba a definir nuevos aumentos en tarifas de gas para facilitar la transición y le aconsejó a la próxima administración respetar los contratos y los precios internacionales de la energía.
El anuncio fue realizado por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, quien presentó en el Palacio de Hacienda un extenso informe de la gestión del gobierno.
Lopetegui le sugirió al presidente electo, Alberto Fernández, respetar los contratos, y sostuvo que "hay maneras para que el problema de las tarifas se resuelva de forma no traumática".
Según fuentes de la secretaría, la administración de Fernández no deberá aplicar un aumento desproporcionado para normalizar al sector, sino un alza tal vez algo superior al 30%.
Sin el paso formal de la audiencia pública, que debía realizarse a principios de diciembre, los valores de las tarifas de los servicios públicos no pueden modificarse.
La audiencia iba a ser convocada para tratar incrementos de tarifas, en base a la inflación mayorista acumulada entre marzo y agosto de este año y el traslado de la devaluación, que por norma se debió haber hecho a partir del 1° de octubre.
Lopetegui había anticipado que la próxima suba sería en enero, pero "para no condicionar a la próxima administración" suspendió ese proceso, argumentó el funcionario.
La tarifa de gas igualmente tendrá un aumento, a partir del 1° de diciembre del 22% para compensar la baja que tuvo en invierno de 29% desde junio.
En el último ajuste de abril, se resolvió que los usuarios residenciales pagarían el gas a US$ 4,55 por millón de BTU pesificado a un tipo de cambio de $ 41, pero con el dólar a mas de $ 60 desde agosto, vienen pagando el equivalente a US$ 3,10 por millón de BTU.
Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas autorizó a las empresas a diferir sus programas de inversión, y en estos días analiza si aprueba los planes que les presentaron estas compañías a causa del congelamiento tarifaria actual.