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En declaraciones a Télam, la abogada querellante Lucila Puyol, quien considera que debe investigarse el homicidio como un delito de lesa humanidad, afirmó que "la causa aún no está cerrada, hay una instancia procesal abierta". Finalmente dijo que "no hay nada definido por el momento" y agregó que "hay un planteo de nulidad que no fue resuelto, estamos aguardando".

La decisión de pasarlo a la órbita oral federal la tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el juez federal 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, quien consideró que Rodolfo Cóceres y su primo, Rodrigo Sosa, dos cuidacoches de Rafaela, asesinaron a Silvia Suppo en el comercio que la mujer atendía en la zona céntrica de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.

La causa tuvo numerosos giros y los abogados de los hijos de la víctima ofrecieron como testigo de identidad reservada a un hombre de 50 años que estuvo preso en la cárcel de Coronda y luego de recuperar la libertad comenzó a hacer viajes como remisero, trasladando a internos con salidas transitorias y vinculó el crimen de Suppo con una cuestión política.

En su declaración, el testigo aseguró que el hijo de un condenado por delitos de lesa humanidad ordenó el crimen de la mujer, que declaró como testigo en la “Causa Brusa” en 2009. Se sucedieron impugnaciones, nulidades, declaraciones de incompetencia, y el expediente llegó hasta la Procuración de la Corte, que recomendó que la causa sea juzgada en Santa Fe, en los tribunales originales.

Pero, el máximo tribunal, emitió un fallo donde exige a la justicia federal que se investigue y juzgue el hecho, basándose en la posibilidad que el supuesto crimen por encargo haya sido ejecutado con el fin de entorpecer causas abiertas vinculadas ala represión ilegal durante la dictadura. En consecuencia, el juez federal Rodríguez clausuró la etapa investigativa y elevó la causa al Tribunal Oral Federal, que deberá constituirse para debatir el delito.