El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner imputada como "jefa de una asociación ilícita" que, según la llamada "causa de los cuadernos", se benefició de un sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de empresarios.
En la misma resolución, el juez sobreseyó al diputado Máximo Kirchner así como a otros dirigentes de La Cámpora e insistió en el pedido de desafuero de la senadora y candidata a vicepresidenta, al enumerar todas las causas en su contra y varios pedidos de prisión preventiva.
La causa se hizo pública en agosto de 2018 cuando declaró Oscar Centeno, ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, quien dijo haber registrado las visitas a los empresarios que presuntamente pagaban sobornos en una serie de cuadernos que quemó luego por temor, según dijo.
Centeno se transformó en el primer imputado colaborador o "arrepentido" del caso, tras lo cual lo imitaron un grupo importante de empresarios y ex funcionarios.
La lista de "arrepentidos" ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo sumaron más de 30, entre quienes están el ex secretario de Obras Públicas José López (detenido también por enriquecimiento ilícito); el ex funcionario Claudio Uberti; el financista Ernesto Clarens y un grupo importante de empresarios como ser Angelo Calcaterra, ex de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Lascurain, Luis Betnaza, Gabriel Romero, y Néstor Otero, entre otros.
A partir de allí hubo una gran cantidad de procesados, 31 arrepentidos cuyos dichos ya fueron verificados por el juez al hacer medidas de prueba que constataron sus confesiones y luego de un año en que fueron recuperando muchos de ellos la libertad siguen detenidos Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, Gerardo Ferreyra de Electroingeniería (con prisión domiciliaria), Lázaro Báez, y los ex funcionarios Julio De Vido, Uberti, López y Roberto Baratta.
Esa es la causa central a partir de la cual se desprendieron otras como la de lavado de dinero del fallecido Muñoz, quien producto de ese sistema de recaudación se lo acusa de inversiones de origen sospechoso por 70 millones de dólares en los Estados Unidos en la compra de departamentos e inmuebles, que luego fueron vendidos y reinvertidos en otros destinos como ser en un complejo hotelero en las islas Turks and Caicos.
Por ese expediente están procesados Carolina Pochetti, viuda de Muñoz; y el contador histórico de los Kirchner, Víctor Manzanares: ambos bajo la figura de imputados colaboradores y hasta ingresaron al sistema de protección.
El otro expediente que va a juicio está vinculado con sobornos pagados en el área ferroviaria, a partir de las confesiones de los empresarios Roggio y Romero, quienes admitieron hacer pagos ilegales.
En total, Bonadio envió a 53 imputados a juicio por la trama central de cuadernos, 14 por el tramo de lavado de dinero del fallecido exsecretario Muñoz, y 6 por los subsidios ferroviarios por los cuales presuntamente se pagaron sobornos.
En tanto, fueron sobreseídos Maximo Kirchner, Eduardo "Wado" De Pedro, Andres "Cuervo" Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez, quienes habían sido por supuestamente haber recibido dinero para el financiamiento de la campaña.