El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo de los gremios de las universidades nacionales se sostiene en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei. Además, que se actualicen las partidas para las becas destinadas a los alumnos.
La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 —que la cautelar ordena aplicar— regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles.
La disputa tiene un recorrido judicial extenso. El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio nacionales. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, y señaló que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar. Aunque la resolución no tuvo efectos económicos inmediatos —dado que para esa fecha ya existía un acuerdo firmado—, representó un aval implícito a la vigencia de la ley.
Ese acuerdo había tomado forma el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de $50.000.000.000. El texto también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias.
Para el Ejecutivo, ese convenio satisfacía “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley y eliminaba el riesgo que había motivado la medida cautelar original. Sin embargo, las universidades recordaron que el propio Estado había aclarado al firmar que el acta no implicaba abandonar su postura en el proceso judicial. Desde el CIN calificaron el acuerdo como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo” y argumentaron que el convenio no cubría todos los requisitos que la norma establece.
Con ese telón de fondo, el Gobierno solicitó formalmente el levantamiento de la cautelar. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido. En su resolución, el magistrado concluyó que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de los acuerdos “en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, ni que exista “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de ingresos y la pérdida salarial del colectivo afectado. El juez sostuvo que, ante la situación planteada por los actores, “mal puede considerarse superado el peligro en la demora” y aclaró que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio.
El conflicto encontró un nuevo punto de quiebre el 17 de septiembre, cuando fracasó la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. La oferta fue idéntica a la presentada a comienzos de mes. Ante ese resultado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica, que comenzó el lunes 21 de septiembre en el Rectorado y se extenderá hasta el 22 de octubre.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, fue directo al caracterizar la situación: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”, declaró.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) también tomó posición. Su secretario general, Daniel Ricci, afirmó: “Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”.