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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió copia de los acuerdos entre las provincias y municipios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas, ante la posibilidad de que hayan involucrado distintas irregularidades.

Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que el magistrado solicitó varias medidas, respecto a acuerdos con provincias y municipios con la "Misión sueños compartidos", el programa de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.

Esa es una de las causas abiertas por el caso, pero también hay otra en la que interviene el juez Norberto Oyarbide, quien dispuso el allanamiento del aeropuerto de San Fernando en busca del avión que habría adquirido Sergio Schoklender, en las instalaciones de la empresa Aviaser.

El operativo fue realizado en búsqueda del avión Cessna Citation el cual se sospecha pertenece al ex apoderado de las Madres, según trascendió.

Esa causa actualmente está bajo secreto de sumario y las fuentes no descartan que en los próximos días el juez Oyarbide cite a indagatoria a Schoklender, quien fracasó el lunes pasado en su intento de dar un descargo en forma espontánea.

No se descarta en este marco que el juez pida su arresto: "De ser convocado el pedido será con órden de detención", indicó una de las partes con acceso a la causa.

En la investigación a cargo de Martínez de Giorgi, los voceros informaron que la investigación también podría abarcar a los fondos que el Estado giraba a municipios y provincias, con los cuales se realizaban esas viviendas.

El magistrado pidió copias de los contratos que la "Misión Sueños Compartidos" celebró con los partidos bonaerenses de Tigre, Ezeiza y Almirante Brown, así como con los de Rosario y Bariloche; y las provincias de Misiones, Santiago del Estero y Chaco.

Según las fuentes, esos estados celebraron contratos con la Fundación puesto que no los hubo directamente con la Nación, aunque ello podría ser materia de investigación más adelante.

Martínez de Giorgi ya pidió a cada uno de los municipios y Provincias que celebraron contratos, copias de los mismos, y cuya ejecución de las obras se presume estuvieron a cargos de la empresa Meldorek S.A, de la cual Sergio Schoklender es titular del 90 por ciento de las acciones.

En la causa se intenta determinar si se pagaron sobreprecios en la construcción de viviendas, y si las mismas cumplen en cuanto a la cantidad y calidad pactadas en los respectivos acuerdos.

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Miguel Ángel Osorio y solicitó antecedentes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para saber si existe "Misión Sueños Compartidos" y si la misma constituye un programa o bien una Fundación.

También pidió informes a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la realización de propiedades en el marco del Programa Federal de viviendas.

En ese contexto, solicitó a la AGN y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) copias de auditorías y controles realizados sobre la realización de casas en el marco del Plan Federal de Viviendas.

El juez también pidió a su par Norberto Oyarbide copias de la causa que este último instruye (la cual está en secreto de sumario) contra los hermanos Pablo y Sergio Schoklender y otras personas, por lavado de dinero y asociación iícita

Ello no sólo para tener un mayor cúmulo de pruebas sino también para conocer de que trata ante un eventual planteo de incompetencia puesto que si bien las personas investigadas en las respectivas denuncias son distintas, los hechos son muy similares.

En otra de las medidas, Martínez de Giorgi libró un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a fin de conocer si existen cuentas bancarias a nombre de "Misión Sueños Compartidos" para poder seguir el movimiento de los fondos.

Esta causa surgió días atrás tras una denuncia realizada por el abogado Jorge Vitale, quien apuntó contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, por la presunta contratación directa en forma irregular y el pago de sobreprecios en la construcción de las viviendas.

Este martes el fiscal Miguel Ángel Osorio había dado impulso a la investigación pidiendo una batería de medidas, todas las cuales fueron provistas hoy por el juez, aunque hasta el momento no hay funcionario imputado alguno puesto que "se está en una etapa prematura" de la pesquisa, explicó.