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La Superintendencia de Servicios Salud –el organismo del Ministerio de Salud encargado de supervisar a las obras sociales– abrió una investigación para dilucidar la responsabilidad de la obra social de Camioneros, Oschoca, en la muerte del recolector de residuos Gustavo González, informaron a El Cronista fuentes oficiales. La prestadora de servicios de salud pertenece al gremio que conduce el titular de la CGT, Hugo Moyano y también está envuelta en una investigación judicial por la presunta compra irregular de medicamentos oncológicos.
El ente gubernamental, que conduce Ricardo Bellagio, busca dilucidar si Oschoca cometió negligencia al atender a González, que sufrió un ACV el jueves. En declaraciones públicas, Moyano eludió responsabilidades de la obra social y se las endilgó a las empresas contratadas por Oschoca para hacer traslados. La familia de González, que en principio acusó a Moyano, se desdijo el martes, un día después que los trabajadores recolectores de residuos hicieran un paro en repudio del hecho.

Por otro lado, el empresario Marcos Daniel Hendler, titular de la Droguería Urbana, proveedora de Oschoca, se negó a declarar ayer ante el juez federal Claudio Bonadío, en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de fármacos oncológicos para los afiliados con financiamiento del Ministerio de Salud.
Hendler reiteró su planteo de “incompetencia” del juez y postuló que la causa fuera remitida al juzgado de Norberto Oyarbide, donde tramita la megacausa denominada mafia de los medicamentos.

El juez Bonadío planeaba ayer tomar una “ampliación de indagatoria” para interrogar a Hendler, ya procesado en el expediente, sobre nuevas pruebas recolectadas en las últimas semanas que parecen indicar que los casos de irregularidades con los medicamentos se multiplican. Además, Bonadío convocó a ampliar indagatoria a otros imputados, entre ellos médicos auditores y una empleada de la obra social de los camioneros; el ex gerente general de la Agencia de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud Juan Antonio Rinaldi y dueños de otras droguerías proveedoras de Oschoca.
En tanto, Oyarbide dispuso ayer el allanamiento de la Ospreba, la obra social de los trabajadores rurales, que preside el sindicalista Gerónimo Momo Venegas, quien fue detenido por el magistrado el 10 de febrero y luego liberado.
El allanamiento se produjo un día después de que Venegas, titular del gremio Unión de Trabajadores Rurales (UATRE), pidiera por cuarta vez la postergación de una ampliación de indagatoria, que ahora se realizará el 2 de agosto.
Oyarbide, además, envió una delegación de la Policía Federal a la Superintendencia de Servicios de Salud para que el organismo entregara una lista de altas y bajas de los afiliados a la obra social de Peones Rurales desde 2006 a la fecha.
Funcionarios del organismo indicaron que necesitaban entre 24 y 48 horas para confeccionar ese listado, por lo que decidieron entregarle a la Policía el padrón de afiliados de Osprera, que consta con 1,1 millón de suscriptos