El Tribunal Oral Federal de Santa Fe resolvió anular el desdoblamiento de la investigación del crimen de la militante social rafaelina Silvia Suppo, y la elevación a juicio de una parte de la causa. Devolvió el expediente al juez federal Reinaldo Rodríguez para que profundice la hipótesis del crimen por encargo.
Esta nueva resolución hace hincapié en el reclamo de los abogados querellantes, Lucila Puyol y Guillermo Munne. Implica que los dos detenidos no serán juzgados en el Tribunal Oral Federal, al menos hasta tanto el magistrado determine si se trató de un delito conexo de lesa humanidad o un homicidio en ocasión de robo, como confesaron sus autores.
El homicidio de Suppo ocurrió el 29 de marzo de 2010. Por el crimen hay dos hombres detenidos, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, acusados de haberle robado 200 pesos y haberla asesinado de nueve puñaladas.
Los detenidos confesaron la autoría del homicidio, pero un testigo de identidad reservada dijo que el asesinato de Suppo era un homicidio por encargo para “evitar que declare contra policías y/o militares en causas en la que se investigan violaciones a los derechos humanos, en las que ella era testigo y víctima”.
El 29 de marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia federal y ordenó remitir la causa al juez Rodríguez por que “no puede descartarse que la muerte de Suppo obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales que investigan delitos de lesa humanidad”.
Cuando la Corte definió la competencia, el juez de Instrucción, Alejandro Mognaschi estaba a punto de elevar la causa a juicio oral en los Tribunales de Rafaela.
El expediente pasó, entonces, al juez Rodríguez quien hizo lo mismo que su colega: cerró la investigación sobre los presuntos autores materiales para que Sosa y Cóceres sean juzgados por el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó abierta la posibilidad de indagar en el futuro si hubo autores ideológicos.
Ahora, el tribunal oral federal anuló el desdoblamiento de la causa y le solicitó a Rodríguez que termine la investigación ya que “debe estar completa, porque de lo contrario se vulneraría la garantía del debido proceso legal, consagrado en la Constitución Nacional”, indica la resolución, coincidiendo con los abogados de la familia Suppo, que habían solicitado la “nulidad” de la elevación a juicio de la causa.
Fue en una audiencia desarrollada este lunes por la tarde. Se trata de uno de los adolescentes a la que "se desincrimina" en la investigación por ser menor.