El informe sobre "Derecho en el Mundo" fue divulgado por World Justice Project, organización financiada en parte por la Fundación Gates (creada por el empresario de la informática Bill Gates), que analiza periódicamente el respeto al Estado de Derecho y el acceso a una justicia independiente en el mundo. Para el informe 2011, el Proyecto Justicia Mundial analizó la situación en 66 países.
Según el documento, la Argentina presenta "calificaciones bajas en varias dimensiones". Advierte el texto que la responsabilidad del Gobierno en combatir los vicios del sistema es "débil", en parte por el "pobre desempeño de los organismos dedicados a la investigar las denuncias. También alerta sobre la interferencia del Ejecutivo en el cumplimiento de la ley y en la Justicia. Los entes de regulación son percibidos como inefectivos y toma mucho tiempo resolver las quejas.
En ese sentido, Argentina se encuentra en el puesto 57 - penúltimo a nivel regional- en la calificación sobre las agencias encargadas de controlar la actividad pública. También presenta un pobre desempeño en los límites entre los poderes del Estado (48°), en el apartado "Orden y Seguridad" (59°), Ausencia de corrupción (46°), Reglamentación y cumplimiento de la ley (57°) y Apertura del Gobierno (44°).
Otro punto evaluado es la incidencia de la inseguridad. Según la encuesta - que se realizó en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe- el 18% de los consultado aseguró haber sufrido un robo en los últimos tres años. Además, el país está en el puesto 56 en el cumplimiento efectivo sobre causas criminales. En contrapartida, para el ciudadano argentino es más sencillo acceder a un abogado para litigios civiles que en varios países, entre ellos Estados Unidos y Canadá. Se destaca el ítem "Derechos Fundamentales", en el que suma su mejor desempaño en puntos y figura en el puesto 33°.
El informe anterior tomaba 35 países en lugar de los 66 actuales. En ese documento de 2010 no presentaba números mucho mejores en cuanto a la ubicación en el ranking; aunque sí este año tuvo un incremento en algunos de los scores de cada rubro.
En comparación con el resto de la región, Argentina se ubica en la mayoría de los ítems por encima del octavo lugar sobre 12 países.
A nivel global, Venezuela es el peor gobierno del mundo a la hora de rendir cuentas y someterse a controles ante sus ciudadanos. La administración que comanda Hugo Chávez es el país que "peor resultados registra en el mundo en lo que se refiere a rendición de cuentas y a controles del Poder Ejecutivo", explica el informe de WJP.
En Venezuela "la corrupción está muy extendida (puesto número 54 de 61), el crimen y la violencia son habituales (64), las instituciones gubernamentales no son transparentes y el sistema de justicia es inefectivo y sujeto a influencia política (última posición, 66).
"El país sufre también graves problemas a la hora de garantizar el respecto por los derechos fundamentales, en particular la libertad de opinión y expresión y el derecho a la libertad", añadió el texto.
América Latina es una región de fuertes contrastes. "A pesar de los recientes movimientos en pro de la apertura y las libertades políticas (...) las instituciones públicas de la región siguen siendo frágiles", explica el texto.
Chile es el país mejor posicionado, con índices dentro de los primeros 20 puestos en cinco categorías. Brasil sigue después, con los mejores resultados dentro del denominado grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
"El país goza de un buen sistema (de justicia) con controles y contrapesos, aunque la percepción de cultura de impunidad entre los responsables gubernamentales es causa de preocupación", añadió el texto.
En tanto, el informe critica la escasa protección de los derechos fundamentales en China y las "serias deficiencias" en Rusia, y problemas de discriminación en Estados Unidos. Suecia y Noruega son los países mejor situados a nivel mundial, dentro de la región con mejores resultados, Europa Occidental.
El índice "no ha sido elaborado para acusar o avergonzar sino para suministrar puntos de referencia útiles para países en la misma región que tienen culturas legales comparables e ingresos parecidos", explicó la directora ejecutiva del proyecto, Hongsia Liu.
Fue en una audiencia desarrollada este lunes por la tarde. Se trata de uno de los adolescentes a la que "se desincrimina" en la investigación por ser menor.